REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL SEGUNDO DEL MUNICIPIO PUERTO CABELLO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO
197° y 148º

DEMANDANTE: Inversiones Cerro Azul, C.A.
APODERADOS JUDICIALES : Angi Coromoto Saavedra, IPSA 110.801, y José Ángel Reyes Salas, IPSA 62.080.
DEMANDADO: Niurber Coralia González Rodríguez, C.I V-11.752.773
MOTIVO: Cumplimiento de Contrato
EXPEDIENTE: 2007-1228
SENTENCIA: Interlocutoria No. 2007/26
SEDE: Civil
I
PRELIMINAR
En fecha 16 de octubre de 2007, se admite pretensión por cumplimiento de contrato, interpuesta por el abogado José Ángel Reyes Salas, titular de la cédula de identidad No. V-7.172.792, e inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 62.080, en su condición de apoderado judicial de la sociedad de comercio Inversiones Cerro Azul, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, en fecha 14 de julio de 1989, bajo el No. 23, tomo 8-E, contra la ciudadana Niurber Coralia González Rodríguez, titular de la cédula de identidad No. V.- 11.752.773, de este domicilio.
En la misma fecha se ordena abrir cuaderno de medidas.
DE LA PRETENSION
Fundamenta la parte actora su pretensión en los siguientes hechos:
• Que según documento autenticado por ante la Notaría Pública Primera de Puerto Cabello, en fecha 28 de agosto de 2006, anotado bajo el No. 45, Tomo 83, de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría, Inversiones Cerro Azul, C.A., celebró con la ciudadana Niurber Coralia González Rodríguez, un contrato de opción de compra venta, en la cual su representada se comprometió a vender a la accionada de autos, y ésta a comprar, un inmueble de su exclusiva propiedad, constituido por un apartamento distinguido con el No. 91, piso 9, ubicado en el Edificio Residencias Vista Mar, situado en la intersección de las avenidas Bartolomé Salom y Ramón Díaz Sánchez en la Urbanización Cumboto, según documento protocolizado ante el Registro Inmobiliario de Puerto Cabello, Estado Carabobo, en fecha 22 de diciembre de 2005, N° 02, folios 08 bal 12, Tomo 17.
• Que en la Cláusula Cuarta de dicho contrato establece: “El lapso de vigencia de la presenta Opción a Compra Venta, será el 01 de marzo del 2006 al 31 de marzo de del 2007. Es condición expresa, que Optante Compradora durante la vigencia de este contrato y en caso de que la venta definitiva no se materialice por cualquier causa deberá entregar el inmueble a la “Promitente Vendedora”, libre de cosas y personas el día 31 de julio de 2007, caso contrario deberá pagar a la “Promitente Vendedora”, la suma de cincuenta mil (Bs. 50.000,00) diarios por concepto de daños y perjuicios”.
• Que la demandada debió hacer entrega del inmueble y no hizo, en virtud de no haberse materializado la compra venta definitiva del mismo, obligación que hasta la fecha no ha cumplido, habiéndosele notificado en fecha 04 de mayo de 2007, que debía comprar o en su defecto debía entregar dicho inmueble, y al no haber pagado dicho precio hace nacer para mi poderdante el derecho contractual y legal de poder demandar el incumplimiento del contrato, de conformidad con la cláusula cuarta del contrato.
• Que por las razones antes expuestas demanda a la ciudadana Niurber Coralia González Rodríguez, titular de la Cédula de Identidad N° V-11.752.773, para que convenga, o en su defecto sea condenada: Primero: En hacer entrega del inmueble antes descrito, el cual ocupa en virtud del indicado contrato de opción de compra venta celebrado entre ella y su representada. Segundo: En pagar la suma de tres millones ciento cincuenta mil bolívares (Bs. 3.150.000,00) que es el resultado de multiplicar los días (63) que hasta la presente fecha tiene de mora en la entrega del inmueble por Bs. 50.000,00, que es el monto establecido en la cláusula cuarta del contrato por cada día de retardo en la entrega del inmueble, mas la suma que resultare procedente hasta la fecha que se efectúe la entrega del inmueble. Tercero: Demanda las costa y costos procesales.
• Fundamenta su acción en los artículos 1133, 1160, y 1167 del Código Civil.
• De acuerdo con el artículo 599 ordinal 2° en concordancia con el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, solicita medida de secuestro.
II
SOLICITUD DE MEDIDA PREVENTIVA
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
El artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, establece: Que las medidas preventivas, sólo las decretará el Juez, cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama
De allí entonces, se desprende de la norma transcrita, que es indudable la carga de la prueba que tiene el solicitante de la medida, por lo que debe proporcionar al tribunal no solo las razones de hecho y de derecho en que funde su pretensión lo cual obviamente se sustenta en el libelo, sino que debe aportar conjuntamente las pruebas que la sustenten por lo menos en forma aparente, con el objeto de que se verifique los dos elementos esenciales para el otorgamiento de las medidas preventiva, estos son: 1.- La presunción grave del derecho que se reclama (“fumus boni iuris”); y, 2.- El riesgo real y comprobable de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (“periculum in mora”), quedando el sentenciador vedado para suplir la carga de la parte de exponer y fundamentar sus argumentos.
Sólo cuando se haya comprobado la existencia de estos dos requisitos que por lo demás son concurrentes, puede procederse al otorgamiento de las medidas preventivas.
La Sala de Casación Civil, ha establecido con relación a las medidas preventivas, que la carga de la prueba corresponde al solicitante de la cautela, así como la obligación del juez de acordar la medida siempre que este comprobado la existencia de los extremos para ello.
En este sentido, la Sala de Casación Civil, en fecha 21 de junio de 2005, cambio el criterio sobre el otorgamiento de las medidas preventivas con ocasión del poder discrecional del juez, así estableció:
Por consiguiente, la Sala considera necesario modificar la doctrina sentada en fecha 30 de noviembre de 2000, (caso: Cedel Mercado de Capitales, C.A., c/ Microsoft Corporation), y en protección del derecho constitucional de la tutela judicial efectiva y con soporte en una interpretación armónica de las normas establecidas en el Código de Procedimiento Civil, relacionadas con el poder cautelar del juez, deja sentado que reconociendo la potestad del juez en la apreciación de las pruebas y argumentos en las incidencias cautelares cuando considere que están debidamente cumplidos los extremos previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, debe proceder al decreto de la medida en un todo conforme a lo pautado en el artículo 601 eiusdem. Así se establece
De tal manera, y en total armonía con el criterio de la Sala Civil, sólo debe proceder el juez al otorgamiento de la medida preventiva solicitada si se encuentran llenos los extremos de ley.
Ahora bien, el secuestro como medida cautelar nominada y típica dentro de nuestro ordenamiento jurídico, corresponde al elenco de medidas cuya obtención es posible a través del sistema de causalidad, es decir que el solicitante de dicha cautela debe encuadrar su petición en los requisitos establecidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, como ya se ha explicado, y por supuesto subsumirse en los casos expresamente determinados por la ley, es decir los establecidos en el artículo 599 eiusdem.
El caso de autos, la parte actora ha solicitado la medida de secuestro argumentándole cumplimiento del contrato de opción de compra-venta, fundamentando tal petición en el ordinal 2° del artículo 599 del Código de Procedimiento Civil. No obstante, observa este Tribunal que la petición de la cautela no se ajusta a los requerimientos tanto legales como jurisprudenciales. En este sentido, la solicitante no trajo a los autos elementos que comprueben la presunción grave del derecho que reclama, así como tampoco ha probado el riesgo real y comprable de quedar ilusoria la ejecución del fallo, elementos estos sin los cuales el juez no puede otorgar la medida solicitada.

En este orden de ideas, y con relación con el poder cautelar del juez, la Sala Constitucional del Supremo Tribunal ha establecido:
“...puede afirmarse que el juez dictará la medida preventiva cuando exista presunción del derecho que se reclama (fumus boni iuris) y riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo, esto es, de que no sean plenamente ejecutables las resultas del juicio (periculum in mora), ya que, en función a la tutela judicial efectiva, las medidas cautelares en este ámbito no son meramente discrecionales de los jueces, sino que, una vez que se verifique el cumplimiento de los requisitos que establece la norma para su otorgamiento, el órgano jurisdiccional debe dictarlas.
En definitiva, el otorgamiento de una medida cautelar sin que se cumplan los requisitos de procedencia violaría flagrantemente el derecho a la tutela judicial efectiva a la contraparte de quien solicitó la medida y no cumplió sus requisitos; y al contrario, la negación de la tutela cautelar a quien cumple plenamente los requisitos implica una violación a ese mismo derecho fundamental, uno de cuyos atributos esenciales es el derecho a la eficaz ejecución del fallo, lo cual sólo se consigue, en la mayoría de los casos, a través de la tutela cautelar...”. (Sent. 14/12/04, Caso: Eduardo Parilli Wilhem). (Negritas de la Sala).
III
DECISIÓN
Por todas las razones expuestas, este Tribunal Segundo del Municipio Puerto Cabello en nombre de la República y por autoridad de la ley niega la medida preventiva de secuestro solicitada por el abogado José Ángel Reyes, actuando en su carácter de apoderado judicial de la Entidad Mercantil Inversiones Cerro Azul C.A, ya identificado contra la ciudadana Niurber Coralia González Rodríguez, antes identificada y así se declara.
Dada, firmada y sellada, en la Sala de Despacho de este Tribunal, a los doce días del mes de diciembre de 2007, siendo las de la 02:00 de la tarde. Año 197° de la Independencia y 148° de la Federación. Publíquese, regístrese y anótese en los libros respectivos. Déjese copia en el copiador de sentencias.
La Juez Temporal

Abogada Yuraima Escobar
La Secretaria Titular

Ana Belmar Hernández Zerpa
En la misma fecha se cumplió lo ordenado.

La Secretaria Titular

Ana Belmar Hernández Zerpa


Expediente No. 2007-1228
Cuaderno de Medidas