REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SUPERIOR DE LO
CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA REGION CENTRAL

Exp. N° 0803
SENTENCIA DEFINITIVA N° 0352
Valencia, 24 de enero de 2007
196º y 147º
El 25 de abril de 2006, la ciudadana Magally Beatriz Rivero Miranda, titular de la cédula de identidad Nº V-7.163.693, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 25.106, interpuso recurso contencioso tributario ante este tribunal, actuando en su carácter de apoderada judicial de OPERASUIT, S.R.L., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el 04 de noviembre de 1999, bajo el Nº 72, Tomo 92-A, e inscrita en el registro de información fiscal bajo el Nº J-30695678-6, con domicilio procesal en la Avenida Bolívar c/c Avenida 100, C.C. y Profesional Avenida Bolívar Nº 152-78, oficina 156, Parroquia San José, Valencia Estado Carabobo, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº DA/0163/06 del 03 de marzo de 2006, emanada de la Alcaldía del Municipio Valencia del Estado Carabobo, mediante la cual resuelve declarar sin lugar el recurso jerárquico interpuesto por la contribuyente contra la Resolución Nº RRc/2005-05-044 del 25 de mayo de 2005, y modificó la multa, en materia de Patente de Industria y Comercio por un monto total de bolívares diecinueve millones ciento setenta y siete mil seiscientos cuarenta y siete sin céntimos (Bs. 19.177.647,00), correspondientes al período impositivo comprendido entre el 01 de enero de 2002 al 30 de junio de 2004.
I
ANTECEDENTES
El 22 de noviembre de 2004, la administración municipal emitió el Acta Fiscal Nº AF/2004-252 y el Auto de Apertura Nº AP/2004-2528 con el fin de practicar una auditoria de carácter fiscal con relación a la verificación de los ingresos brutos percibidos durante el período comprendido entre el 01 de enero de 2002 al 30 de junio de 2004.
El 23 de noviembre de 2004, la contribuyente fue notificada del acta fiscal y del auto de apertura antes mencionados.
El 12 de abril de 2005, el Director de Hacienda del Municipio Valencia emitió la Resolución N° RL/2005-04-121, mediante la cual resuelve formular reparo fiscal, multa e intereses moratorios, por concepto de impuestos causados y no liquidados en el ramo de industria y comercio, por un monto total de bolívares veintidós millones quinientos treinta mil doscientos veintiocho con setenta y cinco céntimos (Bs. 22.530.228,75).
El 20 de abril de 2005, la contribuyente fue notificada de la resolución antes mencionada.
El 05 de mayo de 2005, la contribuyente presentó ante la administración municipal recurso de reconsideración contra la Resolución N° RL/2005-04-121 del 12 de abril de 2005.
El 25 de mayo de 2005, el Director de Hacienda del Municipio Valencia emitió la Resolución Nº RRc/2005-05-044, mediante la cual resuelve declarar sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto por la contribuyente contra la Resolución Nº RL/2005-04-121 del 12 de abril de 2005, y ratificó el monto del reparo fiscal, multa e intereses moratorios.
El 09 de junio de 2005, la contribuyente fue notificada de la Resolución N° RRc/2005-05-044.
El 01 de julio de 2005, la contribuyente presentó ante el Alcalde del Municipio Valencia recurso jerárquico contra la Resolución N° RRc/2005-05-044 del 25 de mayo de 2005.
El 03 de marzo de 2006, el Alcalde del Municipio Valencia emitió la Resolución Nº DA/0163/06, mediante la cual resuelve declarar sin lugar el recurso jerárquico interpuesto por la contribuyente contra la Resolución Nº RRc/2005-05-044 del 25 de mayo de 2005, y modificó la multa, en materia de patente de industria y comercio por un monto total de bolívares diecinueve millones ciento setenta y siete mil seiscientos cuarenta y siete sin céntimos (Bs. 19.177.647,00), correspondientes al período impositivo comprendido entre el 01 de enero de 2002 al 30 de junio de 2004.
El 25 de abril de 2006, la contribuyente interpuso recurso contencioso tributario ante este tribunal contra la Resolución N° DA/0163/06.
El 03 de mayo de 2006, el tribunal dió entrada recurso contencioso tributario y se ordenaron las notificaciones de ley.
El 02 de octubre de 2006, el tribunal admitió el recurso contencioso tributario mediante sentencia interlocutoria N° 0782.
El 31 de julio de 2006, se venció el lapso de promoción de pruebas. Se dejó constancia que el apoderado judicial de la contribuyente presentó escrito de pruebas mientras que la otra parte no hizo uso de su derecho.
El 11 de agosto de 2006, se dictó auto de admisión de pruebas.
El 30 de octubre de 2006, se venció el lapso de evacuación de pruebas y se fijó el término para la presentación de informes.
El 23 de noviembre de 2006, el representante judicial de la contribuyente presentó escrito de informes. La contraparte no hizo uso de este derecho. Se declaró concluida la vista de la causa e iniciado el lapso para dictar sentencia.
II
ALEGATOS DE LA RECURRENTE
Afirma la recurrente que Residencias Ucaima es un edificio en condominio según documento inscrito ante la Oficina de Registro Inmobiliario del Primer Circuito del Municipio Valencia del Estado Carabobo el 26 de junio de 1981, bajo el número 47, Protocolo Primero, Tomo 40. Los propietarios decidieron en asamblea otorgar a Operasuit, SRL la concesión para operar el funcionamiento del edificio. De los ingresos brutos que obtiene Operasuit, SRL, el 15% corresponde a los propietarios del edificio y 85% a la contribuyente, modificado a 12% y 88% desde el 29 de marzo de 2002.
Aduce la contribuyente que solicitó la patente de industria y comercio identificada con el N° 58039 y le fue otorgada bajo el clasificador de actividades económicas N° 832204 con alícuota de dos (2) por mil el 23 de septiembre de 2002. Después de dos años y dos meses la dirección de Hacienda manifiesta que estuvieron equivocados y que deben pagar retroactivamente bajo el nuevo Clasificador Código N° 632001, alícuota de 5 por mil. No puede la administración tributaria municipal revocar retroactivamente la clasificación sin permitirle ejercer el derecho a la defensa alegando que fue un error.
La interpretación de la administración tributaria en el acta fiscal correspondiente no señala base legal alguna y el cálculo sobre base cierta que alega el fiscal actuante se base en las declaraciones del impuesto al valor agregado y no en los ingresos netos de ventas que aparecen en las declaraciones del impuesto sobre la renta, las cuales son del 88% de los ingresos facturados.
Afirma la recurrente que en todo caso estaría obligada a pagar de acuerdo con el nuevo clasificador a partir del 22 de noviembre de 2004 y no en forma retroactiva, pero además tiene el derecho a impugnar la nueva clasificación hecha por la administración tributaria municipal, la cual debería haber hecho y no lo hizo en el lapso que establece el artículo 25 de la Ordenanza sobre Patente de Industria y Comercio. Por los mismos motivos rechazan la multa y los intereses moratorios.
La recurrente rechaza la opinión de la administración tributaria sobre que no lleva la contabilidad detallada de sus ingresos y operaciones conforme a las prescripciones de la legislación nacional. Este argumento de la administración tributaria lo incluye en la decisión que decide el recurso de reconsideración y nada indica el fiscal actuante en el acta fiscal.
La contribuyente reconoce que se dedica a la administración y operatividad de inmuebles y que solicitó y obtuvo licencia bajo un clasificador, pero que la Alcaldía afirma que la recurrente desconoce la aplicación del artículo 7 de la Ordenanza sobre Patente de Industria y Comercio, ignorando el principio de irretroactividad de la ley. Afirma la contribuyente que solicitó un clasificador lo más cercando posible a la administración y operatividad e inmuebles, es decir, el código 832204 Otros servicios profesionales prestados por personas jurídicas, alícuota de 2 por mil y que la administración tributaria municipal quiere aplicarle el código 632001 Hoteles.
Afirma la contribuyente que el Alcalde desconoce la figura de comisionista, administrador u operador que trabaja en base a un contrato y por una contraprestación, intentado obligarla a declarar el 100% de los ingresos brutos y cuando indica simplemente que no lleva los libros de contabilidad en forma detallada se encuentra incursa en la inmotivación del acto administrativo.
Aduce la recurrente adicionalmente vicio de petición de principio (sic), derecho a la defensa y carga probatoria.
De acuerdo con el ordinal 5 del artículo 7 de la Ordenanza sobre Patente de Industria y Comercio, la base imponible, para quienes operen por cuenta de terceros a base de porcentajes, la constituye las comisiones y porcentajes recibidos y el producto de la explotación de servicios.
La contribuyente afirma que actúa como concesionario de Residencias Ucaima, debido a su relación, opera el funcionamiento del Edificio, por tanto genera un lucro que es producto de una comisión generada de las ventas brutas que realiza. Expresa a su vez, que la Alcaldía de Valencia ha obviado completamente el contrato de concesión celebrado por la contribuyente con el condominio de Residencias Ucaima.
Igualmente afirma la recurrente que de conformidad con el artículo 69 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativo es la administración quien tiene la carga de la prueba y en ningún momento ha demostrado los fundamentos del reparo.
III
ALEGATOS DE LA ALCALDÍA
La Alcaldía de Valencia afirma que el 01 de febrero de 2002 la contribuyente dio inicio a su giro comercial, solicitó la Licencia de Industria y Comercio el 19 de septiembre de ese mismo año bajo el código 832204 Otros servicios profesionales prestados por personas jurídicas con alícuota de 2 por mil y la obtuvo, siendo lo correcto el código 632001 Hoteles con alícuota de 5 por mil.
Adicionalmente, en los ingresos brutos sólo declaró el 88% de los mismos, alegando que el 12% restante es distribuido entre los propietarios del hotel, por lo cual aduce que no forma parte de los ingresos.
Tal como consta en el contrato suscrito entre el Condominio del Hotel Suite Ucaima y Operasuit, S.R.L., esta última se encarga de administrar y operar los s3ervicios de hotelería, tales como alojamiento, comidas, bebidas, lavandería, etc., actividades controladas por la Corporación de Turismo, obteniendo como contraprestación el 88% de los ingresos obtenidos.
Como quiera que la contribuyente no lleva la contabilidad detallada de sus ingresos, lo cual contraviene lo establecido en el artículo 65 de la Ordenanza de Impuestos sobre Actividades Económicas, no existe probanza de tal circunstancia, a excepción del contrato firmado entre las partes. Por tal motivo, la contribuyente es responsable del ciento por ciento de los ingresos brutos obtenidos por la actividad hotelera ejercida en el Municipio Valencia.
La Alcaldía del Municipio Valencia modificó la sanción impuesta con base en la nueva Ordenanza de Impuestos sobre Actividades Económicas sancionada por el Concejo Municipal del Municipio Valencia el 30 de diciembre de 2005 y publicada en la Gaceta Municipal N° 582 Extraordinario el 31 de diciembre de 2005, con entrada en vigencia el 1° de enero de 2006, por cuanto inició sus actividades económicas el 01 de enero de 2002, siéndole asignada la Licencia de Industria y Comercio el 19 de septiembre de 2002, para lo cual transcurrieron ocho meses de operaciones económicas sin la correspondiente licencia. Por esta infracción, la Alcaldía impuso una sanción de Bs. 2.688.000,00 (80 U.T.).
Por la omisión de ingresos impuso una sanción de Bs. 4.141.509,00 por el período de septiembre de 2002 a junio de 2004. Para un total de la sanción de Bs. 6.829.509,00.
De igual forma, la administración tributaria municipal determinó un impuesto no pagado de Bs. 8.829.628,00 e intereses y recargo por Bs. 3.518.510,00 para un total del reparo de Bs. 19.177.647,00.
IV
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Planteada la controversia en autos en los términos que anteceden, luego de apreciados y valorados los documentos que cursan en autos, y con todo el valor que de los mismos se desprende, el tribunal pasa a dictar sentencia en los siguientes términos:
Debe el juez, en primer lugar, decidir sobre la inmotivación del acto administrativo recurrido alegado por la contribuyente y al respecto considera necesario el juez transcribir el contenido parcial del artículo 18 numeral cinco (5) de la Ley de Procedimientos Administrativos:
Artículo 18. Todo acto administrativo deberá contener:
(....)
5.- Expresión sucinta de los hechos, de las razones que hubieran sido alegadas y de los fundamentos legales pertinentes;
(....)

Respecto al aludido vicio, el contenido del numeral 5 establece los elementos que debe contener todo acto administrativo, exigiendo la expresión sucinta de los hechos, de las razones que hubieran sido alegadas y los fundamentos legales pertinentes.
Al respecto, cabe destacar que es criterio reiterado de nuestro Máximo Tribunal (Vid. Sentencia N° 1076 del 11 de mayo de 2000) que la motivación del acto atiende a dos circunstancias específicas, a saber: la referencia a los hechos y la indicación de los fundamentos legales en que se basa la Administración, es decir, su justificación fáctica y jurídica, constituyendo un elemento sustancial para la validez del mismo, pues la ausencia de causa o fundamentos da cabida para el arbitrio del funcionario, ya que en tal situación jamás podrán los administrados saber por qué se les priva de sus derechos o se les sanciona. Corolario de lo anotado es que la motivación del acto permite el control jurisdiccional sobre la exactitud de los motivos, constituyéndose en garantía de los derechos de los administrados.
No obstante, cabe señalar que la motivación del acto no implica una exposición rigurosamente analítica o la expresión de cada uno de los datos o de los argumentos en que se funda, de manera extensa y discriminada, ni un minucioso y completo raciocinio de cada una de las normas que le sirven de fundamento al proveimiento, pues basta que pueda inferirse del texto los fundamentos legales y los supuestos de hecho que constituyeron los motivos en que se apoyó la Administración para decidir, siempre por supuesto, que el destinatario del acto haya tenido el necesario acceso a tales elementos.
En definitiva, concluye la Sala Político Administrativa que la motivación insuficiente de los actos administrativos sólo produce la nulidad del acto cuando no permite a los interesados conocer los fundamentos legales y los supuestos de hecho que constituyeron los motivos en los que se apoyó el órgano de la Administración para dictar la decisión, pero no cuando la sucinta motivación permite conocer la fuente legal, las razones y los hechos apreciados por el funcionario. Así, una resolución puede considerarse motivada cuando ha sido emitida sobre la base de hechos, datos o cifras concretas y cuando éstos consten efectivamente y de manera explícita en el expediente. (Sentencia de dicha Sala N° 1156, de fecha 23 de julio de 2003).
En el mismo orden de ideas, tanto el artículo 145 del Código Orgánico Tributario de 1994 como el 191 del de 2001, expresan que la resolución debe contener entre otras identificaciones, los fundamentos de la misma. A su vez, el artículo 9 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece la obligación de motivar los actos administrativos de carácter particular.
Por otra parte, referente al vicio de inmotivación, el juez estima pertinente traer a colación la interpretación del contenido del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil que establece, en su numeral 4 los motivos de hecho y de derecho que toda sentencia debe contener. Respecto al mencionado vicio, la doctrina y jurisprudencia han interpretado que la motivación consiste en la indicación expresa de las diferentes razones y argumentaciones que el sujeto administrativo ha tenido en cuenta para llegar a la conclusión que configuraría la dispositiva de la decisión dictada. De igual manera, se ha entendido que la falta de motivación del acto, radica en una falta absoluta de fundamentos y no cuando los mismos sólo son escasos.
En el caso bajo análisis, tanto la resolución impugnada como el acta fiscal correspondiente, suficientemente identificadas supra y objeto de esta controversia, contienen profusión de los elementos de hecho y de derecho que generaron la obligación tributaria: como operar sin haber obtenido la Licencia de Industria y Comercio correspondiente en el período desde enero hasta agosto de 2002 ambos inclusive; el hecho que la contribuyente sólo declaró el 88% de los ingresos alegando que el 12% correspondía al Condominio Residencias Ucaima; meses, números de declaración, fecha de recibo y montos pagados; estimación de oficio sobre base cierta; detalles de ingresos brutos e impuestos a pagar por meses; detalle de intereses generados y origen de las diferencias de ingresos e impuestos según constata el juez en los folios 21 y siguientes del expediente, lo cual trajo como consecuencia el reparo y las sanciones impuestas, con el fundamento legal que indica la infracción cometida, etc. Por otra parte, la contribuyente ha tenido conocimiento del contenido de la resolución en virtud de que en ningún momento de la controversia manifestó haber estado en desconocimiento de la misma, lo cual le permitió inclusive ejercer los recursos jerárquico y contencioso tributario. Tanto el acta fiscal como la resolución impugnada contienen profusión de detalles de los motivos de la administración tributaria para emitir el reparo. La contribuyente se limita a alegar la inmotivación del acto sin aportar pruebas que le permitan al juez valorar el cumplimiento de la obligación, por lo que se puede deducir que del conocimiento de la resolución de imposición fue lo que le permitía inclusive defenderse en el recurso contencioso tributario interpuesto.
Por las razones anteriormente señaladas, considera esta tribunal satisfecho el requisito previsto en el artículo 243, ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, al haber expuesto la administración tributaria de manera suficiente, los motivos de hecho y de derecho que fundamentan la decisión sobre el sujeto administrativo, por todo lo cual el juez rechaza la pretensión de la contribuyente en cuanto a la inmotivación de la resolución se refiere. Así se decide.
En cuanto al fondo de la controversia, es decir, el cambio de clasificación impuesto por la administración tributaria municipal, la contribuyente enumera una serie de afirmaciones entre las cuales reconoce que le fue concedida la Licencia de Industria y Comercio con el N° 580039 el 23 de septiembre de 2002 bajo el Clasificador de Actividades Económicas N° 832204 con alícuota de dos por mil, y omite indicar en que fecha hizo la solicitud, según constata el juez en el folio 03, sin embargo no está consignada en el expediente la copia de la Licencia N° 580039, o la solicitud hecha por la contribuyente, para que el juez pueda valorar en que términos se hizo dicha solicitud. No obstante, en la cláusula TERCERA del contrato celebrado entre Condominio Residencia Ucaima y Operasuit, S.R.L., que corre inserta en el folio 92 se lee; “…La duración de este contrato será de dos (2) años, contados a partir del 1° de enero de 2002 y podrá ser prorrogado automáticamente por períodos iguales, si ninguna de las partes da aviso a la otra, manifestando su voluntad de no renovarlo por escrito (sic), con un año de anticipación por lo menos, a la fecha de vencimiento de cada período…”. Tampoco la contribuyente pudo enervar ni probar que no operó entre el 01 de enero y el 23 de septiembre de 2002, cuando le fue otorgada la licencia, por todo lo cual el juez forzosamente debe declarar que la contribuyente operó de acuerdo al contrato en la fecha indicada, sin que la Alcaldía de Valencia le hubiese otorgado la correspondiente Licencia. A tal efecto, los artículos 95, numeral 1 y 99 numeral 7 de la Ordenanza de Impuesto sobre Actividades Económicas del 31 de diciembre de 2005 establecen:
Artículo 95. Serán sancionados en la forma prevista en este artículo quienes:
1. Iniciaren actividades generadoras del impuesto sobre Actividades Económicas, sin haber solicitado y obtenido previamente de la Administración Tributaria Municipal, la respectiva Licencia de Actividades Económicas…
…Quien incurra en los ilícitos descritos en el numeral 1 de este artículo será sancionado con multa de diez unidades tributarias (10 U.T.), la cual se incrementará en diez unidades tributarias (10 U.T.) por cada mes de retardo en dicha inscripción, hasta un total de doscientas unidades tributarias (200 U.T.)…
Artículo 99.
(…) Quienes mediante acción u omisión, cause una disminución ilegítima de los ingresos tributarios municipales generados por la aplicación de la presente Ordenanza, inclusive mediante el disfrute indebido de exenciones, exoneraciones u otros beneficios fiscales, será sancionado con una mulita del veinticinco por ciento (25%) hasta el doscientos por ciento (200%) del tributo omitido.
Por los motivos expuestos, el Alcalde del Municipio Valencia, modificó la sanción, imponiendo el contenido de la Ordenanza vigente desde el 01 de enero de 2006, en lugar de la del 23 de agosto de 2000. En tal sentido, este tribunal considera ajustada a derecho la sanción impuesta a Operasuit, S. R. L. por iniciar operaciones en el Municipio Valencia sin tener aprobada la correspondiente Licencia de Actividades Económicas. Así se decide.
El segundo de la controversia se refiere al hecho, reconocida por ambas partes, que la contribuyente declaró como ingresos brutos el 88% de la facturación, puesto que el 12% le correspondía al Condominio Residencias Ucaima. El punto estriba en determinar si el 12% debe tratarse como una comisión y deducirse de los ingresos brutos o simplemente se trata de un costo de operación y debe incluirse en los gatos y costos.
En el contrato de concesión cElebrado entre Operauit, S.R.L. y Condominio Residencia Ucaima, el cual corre inserto en los folios 92 y siguientes del expediente se lee las siguiente cláusula:
“…DECIMA PRIMERA: De los ingresos netos obtenidos por la facturación en el HOTEL, el OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85%) (posteriormente modificado a 88% Y 12% según consta en convenio celebrado entre las partes según consta en el folio 99 vuelto), corresponderá a Operasuit por concepto de la concesión otorgada en el presente contrato, y el QUINCE POR CIENTO (ahora 12%) restante a UCAIMA...” .(Entre paréntesis del juez).
La contribuyente reconoce que la administración tributaria determinó los ingresos brutos de las declaraciones del IVA (100%), puesto que en la declaración del impuesto sobre la renta (88%), la contribuyente reduce el pago al Condominio Residencias Ucaima de los ingresos brutos en lugar de reconocerlos como un costo.
Observas el juez que la contribuyente opera hotel bajo el régimen de concesión y que el 12% pagado al Condominio Residencias Ucaima no se puede convidar como una comisión de ventas, puesto que dicho condominio no hace ninguna venta, ni ejerce ninguna acción que deba ser compensada, sino que cede el edificio con todos sus bienes para que este sea utilizado como hotel por el operador. El costo de esta cesión es del 12% de los ingresos brutos y mal podría considerarse como una comisión, puesto que lo contrario equivale a pensar que puede existir un negocio hotelero sin gastos de depreciación o alquiler del edificio o su equivalente, sumergido dicho costo (en este caso 12%) en los ingresos netos.
La contribuyente aporta como pruebas para su fundamento, copias de las declaraciones de impuesto sobre la renta en la cual rebaja el 12% de los ingresos brutos.
Sin embargo, el artículo 7 de la Ordenanza sobre Patente de Industria y Comercio del Concejo Municipal de Valencia del 23 de agosto de 2000 establece:
Artículo 7. La base imponible que se tomará para la determinación y liquidación del Impuesto de Patente de Industria y Comercio serán los ingresos brutos originados en el ejercicio de las actividades industriales, comerciales o económicas de índole similar, que se ejerzan o que se consideren ejercidas en el Municipio Valencia.
Para cuantificar la base imponible y hacer la declaración de los ingresos brutos, se considerarán como tales los siguientes:
1. Para quienes ejerzan actividades industriales, comerciales o actividades económicas de índole similar, el monto de sus ingresos brutos.
(…)
5. Para los agentes comisionistas, corredores y sociedades de corretaje, agencias de turismo y viajes, oficinas de negocios y representantes, corredores y administradores de inmuebles y consignatarios que operen por cuenta de terceros a base de porcentajes, el ingreso bruto constituido por las comisiones y porcentajes recibidos y el producto de la explotación de sus servicios. (Subrayado por el juez).
En similares términos está redactado el artículo 6 de la Ordenanza de Impuesto sobre Actividades Económicas del 31 de diciembre de 2005, vigente a partir del 1° de enero de 2006.
El punto controversial es si Operasuit, S. R. L. trabaja con base a porcentajes para encuadrar su operación dentro del concepto de administradores de inmuebles que operen por cuenta de terceros a base de porcentajes. Es evidente que la contribuyente tiene un costo por el uso del edifico y sus bienes calculado con base a un porcentaje, pero este porcentaje (12%) es en realidad el costo de utilizar el edificio y no una comisión por la venta del tiempo de los huéspedes en el uso de dichas instalaciones ya que en criterio de este juzgador, realmente es una especie de alquiler con una modalidad especial que origina un pago a cada uno de los propietarios de los apartamentos del condominio. No puede ser una comisión, puesto que los propietarios de los apartamentos no efectúan ninguna labor de venta, simplemente ceden el uso de los mismos a cambio de una remuneración. Las ventas las efectúa Operasuit, S.R.L. Por otro lado, la contribuyente no aportó otras pruebas, facturas u otros documentos, aparte de las declaraciones de impuesto y el contrato de concesión que le permitieran al tribunal modificar su decisión, por lo cual forzosamente el juez declara que la contribuyente debe pagar el impuesto sobre actividades comerciales en el Municipio Valencia, por el monto de sus ingresos brutos (100%) y no por sus ingresos netos (88%). Así se decide.
El tercer asunto a dilucidar es el relativo al Código de Actividad Económica. La contribuyente aduce que solicitó la patente de industria y comercio identificada con el N° 58039 y le fue otorgada bajo el clasificador de actividades económicas N° 832204 con alícuota de dos (2) por mil el 23 de septiembre de 2002. Después de dos años y dos meses la dirección de Hacienda manifiesta que estuvieron equivocados y que deben pagar retroactivamente bajo el nuevo Clasificador Código N° 632001, alícuota de 5 por mil.
Las cláusulas primera segunda del contrato de concesión establece:
“…PRIMERA: UCAIMA da en concesión a OPERASUIT y esta acepta bajo los términos, condiciones y modalidades que se establecen en el presente contrato, para que esta opere el HOTEL SUITE UCAIMA, situado en la Av. Boyacá N° 141-80, de la Urbanización la Viña, en el Municipio Valencia del Estado Carabobo, comprometiéndose OPERASUIT a cumplir con las normas y reglamentos de la CORPORACIÓN DE TURISMO (CORPOTURIMSO), y lo establecido en el Documento de Condominio de UCAIMA y su Reglamento…”.
“…SEGUNDA: La concesión del”HOTEL SUITE UCAIMA” que “OPERASUIT” asuma mediante el presente contrato, deberá ser tan eficaz como lo determinen las normas hoteleras universalmente aceptadas para Hoteles de “CUATRO ESTRELLAS” respetando en forma estricta la mejor calidad de los servicios y extremando la atención de todos los usuarios de sus instalaciones…”. (Subrayado por el juez).
La Alcaldía de Valencia afirma que el 01 de febrero de 2002 la contribuyente dio inicio a su giro comercial, solicitó la Licencia de Industria y Comercio el 19 de septiembre de ese mismo año bajo el código 832204 Otros servicios profesionales prestados por personas jurídicas con alícuota de 2 por mil y la obtuvo, siendo lo correcto el código 632001 Hoteles con alícuota de 5 por mil.
Se deduce claramente de la descripción de los códigos transcritos y de las cláusulas del contrato que la actividad de la contribuyente es Hoteles y en esta debe ser incluida la contribuyente. No consignó la contribuyente la solicitud de Licencia de Industria y Comercio para que el juez pudiera conocer en que términos se hizo y si en la misma se describía la actividad hotelera que iba a ejercer, para que la Alcaldía pudiese definir la clasificación con conociendo de causa. El juez evidentemente no puede valor esta posibilidad por no contar con la prueba respectiva. Por consiguiente, pude la Alcaldía revisar las declaraciones hechas por la contribuyente y verificar si la actividad que realmente ejerce es la que consta en la solicitud y en la Licencia misma, sin que esto signifique que esta aplicando la Ordenanza con carácter retroactivo. En todos los casos de auditoría fiscal se revisan los períodos pasados.
A tal efecto, el artículo 19 de la Ordenanza sobre Patente de Industria y Comercio del 23 de agosto de 2000 aplicable rationae temporis expresa:
Artículo 19. La Licencia deberá solicitarse, por escrito, en los formularios especiales que al efecto autorice y elabore la administración tributaria municipal.
En los formularios de solicitud deberá expresarse:
(…)
2. La clase o clases de actividades que ejercerán, la ubicación y dirección exacta del inmueble donde va a funcionar el establecimiento o se ejercerá la actividad con indicación del número de catastro. (Subrayado por el juez).
(…)
Observa el juez, que la contribuyente no demostró que su solicitud de licencia indicase claramente que su actividad era la hotelera y que la Alcaldía hubiese cometido un error atribuible a ella. El juez necesariamente descarta que, en todo caso, la nueva clasificación deba comenzar a partir de la fiscalización que originó el reparo y no a partir del inicio de actividades de la contribuyente.
En el mismo orden de ideas, el artículo 80 de la Ordenanza de Impuesto sobre Actividades Económicas del 31 de diciembre de 2005 indica:
Artículo 80. Efectuada la liquidación del impuesto por el contribuyente, por el responsable o por la Administración Tributaria Municipal, el Alcalde o el funcionario en quien delegue, por iniciativa propia o a solicitud del Síndico Procurador Municipal, podrá examinar las declaraciones, realizar investigaciones y pedir la exhibición de libros y comprobantes del contribuyente o responsable, acceder a los sistemas computarizados relacionados con la investigación, así como, cualquier documento del cual se desprenda la actividad desarrollada y el movimiento económico del mismo, a los fines de verificar la exactitud de los datos suministrados o la sinceridad de las actividades económicas realizadas e ingresos declarados. Si de las investigaciones y verificaciones efectuadas, se encontrare que debe modificarse la clasificación de la actividad económica o el monto del impuesto, se procederá en consecuencia y se notificará al contribuyente de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza de Hacienda Pública Municipal. (Subrayado por el juez).

Ante las evidencias narradas y deducidas ampliamente, el tribunal forzosamente declara sin lugar el recurso contencioso interpuesto por Operasuit, S. R. L. Así se decide.
Por último, no escapa a la observación del juez, la afirmación de la contribuyente acerca de que la administración tributaria municipal tiene la carga de la prueba de acuerdo con lo previsto en el artículo 69 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el cual textualmente establece:
Artículo 69. En el procedimiento sumario la administración deberá comprobar de oficio la verdad de los hechos y demás elementos de juicio necesarios para el esclarecimiento del asunto.
Es evidente la confusión de la representante judicial de la contribuyente, puesto que este artículo forma parte del Capítulo II del Título III, De procedimiento sumario, o procedimiento breve incluido en la Ley, que evidentemente confunde con la Resolución Culminatoria del Sumario o del expediente que debe abrir la administración de conformidad con el Capítulo I del mismo título, Sección Tercera, De la terminación del Procedimiento y que finaliza con un acto administrativo debidamente motivado, con la presunción de validez y legitimidad de que están revestidos loa actos administrativos, siempre que cumpla con los requisitos establecido en el artículo 191 del Código Orgánico Tributario.
En el proceso contencioso tributario la carga de la prueba recae sobre quien impugna el acto dictado por la administración tributaria, lo cual no deviene sólo del principio de que es al demandante a quien le incumbe. Nuestro Código Procesal mantiene este criterio: actori incumbit porbatio. Los actos administrativos de contenido tributario disfrutan de la presunción de legitimidad que ampara las actuaciones del Poder Público, salvo las disposiciones específicas de la ley, por lo cual el juez declara que la contribuyente debería haber aportado las pruebas para enervar el acto administrativo de contenido tributario dictado por la administración tributaria. Así se decide.
V
DECISIÓN
Por las razones expresadas, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara:
1) SIN LUGAR el recurso contencioso tributario de nulidad interpuesto por la ciudadana Magally Beatriz Rivero Miranda, actuando en su carácter de apoderada judicial de OPERASUIT, S.R.L., contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº DA/0163/06 del 03 de marzo de 2006, emanada de la Alcaldía del Municipio Valencia del Estado Carabobo, mediante la cual resuelve declarar sin lugar el recurso jerárquico interpuesto por la contribuyente contra la Resolución Nº RRc/2005-05-044 del 25 de mayo de 2005, y modificó la multa, en materia de Patente de Industria y Comercio por un monto total de bolívares diecinueve millones ciento setenta y siete mil seiscientos cuarenta y siete sin céntimos (Bs. 19.177.647,00), correspondientes al período impositivo comprendido entre el 01 de enero de 2002 al 30 de junio de 2004.
2) CONDENA a OPERASUIT, S.R.L.. al pago de las costas procesales, por una cifra equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 327 del Código Orgánico Tributario.