REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En su nombre
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DEL ESTADO CARABOBO

Valencia, 19 de julio de 2007
Años 196º y 147º

Siendo la oportunidad para que el tribunal se pronuncie sobre la solicitud de reposición de la causa formulada por el abogado RAFAEL HIDALGO SOLA, para decidir el tribunal observa:
La causa versa sobre la demanda por DESALOJO incoada por JORGE LUIS PELEGRIN MEDINA, contra la ciudadana INGRID MAGGIOLO, en la cual, en la oportunidad de la contestación de la demanda, (folios 16 al 26) la parte accionada propuso RECONVENCION contra el actor.
El objeto de la reconvención es el RETRACTO LEGAL ARRENDATICIO según el cual la demandada, en su condición de arrendataria pretende, con fundamento en los los artículos 42, 43 y 48 del la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, subrogarse en la venta que los ciudadanos SANTIAGO PELEGRIN Y MARIA DE PELEGRIN dieron en venta a JORGE LUIS PELEGRIN, el inmueble que ocupa en calidad de arrendataria, según alega, desde 1998, y cuyo documento de venta cuya nulidad por retracto demanda, se encuentra otorgado por ante la Oficina Inmobiliaria de Registro del Municipio Guacara, San Joaquin y Diego Ibarra del Estado Carabobo, el cual fue protocolizado el 28 de noviembre de 2000, registrado bajo el nro. 28, protocolo primero, tomo 5.
La reconvención fue estimada en la suma de CIENTO VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 121.975.451,00)
Por auto de fecha 17 de mayo de 2007, la juez Segundo de los Municipio Guacara y San Joaquín del Estado Carabobo, analiza la reconvención propuesta, concluye que NO ES COMPETENTE POR LA CUANTIA para conocer de la misma, sin embargo procede a ADMITIRLA y posteriormente, declina la competencia en un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil para el conocimiento de la causa.
El apoderado de la demandada, presentó escrito de fecha 22 de mayo de 2007, mediante el cual solicita la REGULACIÓN DE LA COMPETENCIA alegando que la causa se ventila por el procedimiento breve y que según lo dispuesto por el artículo 888 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal NO DEBIÓ ADMITIR LA RECONVENCIÓN por no ser competente para ello, y por prohibición de la norma que invoca, alegando que por tal razón, el tribunal debió declarar INADMISIBLE la reconvención propuesta.
Igualmente en fecha 22 de mayo de 2007, el apoderado de la accionada dio contestación a la reconvención propuesta, reiterando que la misma era inadmisible.
El artículo 888 del Código de Procedimiento Civil establece:
En la contestación de la demanda el demandado podrá proponer reconvención siempre que el Tribunal sea competente por la cuantía y por la materia para conocer de ella. El Juez, en el mismo acto de la proposición de la reconvención, se pronunciará sobre su admisión, admitiéndola o negándola. Si la admitiere, el demandante reconvenido se entenderá citado para dar contestación a la reconvención en el segundo día siguiente, procediéndose en ese acto conforme al artículo 887. Si hubiere cuestiones previas sobre la reconvención se resolverán conforme al artículo 884. La negativa de admisión de la reconvención será inapelable.
De la norma copiada se desprende que el legislador limitó la posibilidad de que el demandado proponga reconvención en los procedimientos que se tramiten por el juicio breve, a aquellos casos en que el tribunal ante el cual s e ventila la causa SEA COMPETENTE POR LA CUANTÍA y por LA MATERIA para conocer de la demanda, con lo cual se agrega una nueva causal de INADMISION de la reconvención a las indicadas en el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, en el cual se señala que la reconvención debe ser inadmitida si versare sobre cuestiones para cuyo conocimiento carezca de competencia por la materia, o que deben ventilarse por un procedimiento incompatible con el ordinario, con lo cual, las causas de INADMISION de la RECONVENCION en el procedimiento breve, como lo es el procedimiento de inquilinato, son tres:
1) Si versare sobre asuntos para los cuales el tribunal no es competente POR LA MATERIA.
2) Si la pretensión propuesta se tramita por un procedimiento INCOMPATIBLE con el breve (por ejemplo, por el juicio ordinario)
3) Si versare sobre asuntos para los cuales el tribunal no es competente POR LA CUANTIA.
En el caso de autos, el tribunal era competente para conocer de la reconvención, por la materia (procedimientos inquilinarios) y la misma se debe tramitar por el mismo juicio breve, por versar ambas causas, principal y reconvención, sobre asuntos de derecho inquilinario, PERO el tribunal NO ERA COMPETENTE POR LA CUANTÍA, ya que la reconvención fue estimada en la suma de CIENTO VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 121.975.451,00), siendo que dicho Juzgado tiene competencia para conocer de las causas hasta por la suma de Bs. 5.000.000,00, por lo tanto, dicho Juzgado ha debido INADMITIR la reconvención propuesta y continuar conociendo de la causa, más aun considerando que tal negativa de reconvención no tiene apelación, tal como lo dispone el mismo artículo 888 del Código de Procedimiento Civil.
Sobre el punto se ha pronunciado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en los siguientes términos:
1) “El artículo anteriormente transcrito <888 del Código de Procedimiento Civil> obedece al Título XII relativo al procedimiento del juicio breve, y como se observa, en dicho procedimiento existe la posibilidad de proponer la reconvención, siempre que el tribunal sea competente por la materia y por la cuantía.
Por su parte, esta Sala denota que en el presente caso, la reconvención fue opuesta por una cuantía superior a la que podía conocer el tribunal de la causa, motivo por el cual ella era inadmisible. (Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 21-11-2000, Exp. N° 00-0939)

2) “…De manera tal, que los accionantes al no disponer de una vía ordinaria y de los medios judiciales para hacer valer los derechos que consideraron conculcados, por tratarse de una denuncia de violación de derechos y garantías constitucionales, disponían de la vía de la acción de amparo para restablecer la situación que consideraron vulnerada, y en este sentido, la acción de amparo tal como lo señaló el a quo resulta admisible, y así se declara.
Por otra parte, la Sala estima necesario referirse al anteriormente transcrito artículo 888 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a la demanda analizada, toda vez que la misma fue tramitada por el procedimiento breve previsto en el mencionado Código. Como se observa, en el procedimiento breve existe la posibilidad de proponer la reconvención, siempre que el tribunal sea competente por la materia y por la cuantía. Es decir, que la norma in comento agrega al contenido del artículo 366 eiusdem una incompatibilidad para la reconvención, determinada por la cuantía, en los casos en que la cuantía de la pretensión del demandado reconviniente exceda de la cuantía de la demanda inicial. (Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 12-04-2004, de fecha 30 de marzo de 2006, Exp. 05-2282)

Por su parte, la misma Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, al resolver la demanda de nulidad por colisión de leyes entre la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y el Código de Procedimiento Civil, estableció:

“En relación con la cuarta de las denuncias de colisión de leyes, la cual se refiere a la supuesta contradicción entre el artículo 35 del Decreto-Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y los artículos 884 al 888 del Código de Procedimiento Civil, igualmente esta Sala observa que el artículo 35 del Decreto-Ley de Arrendamientos Inmobiliarios es una disposición “especial”, en materia de procesos judiciales por terminación de la relación arrendaticia, y que las normas jurídicas en materia de juicios breves, que están en el Código de Procedimiento Civil, no resultan directamente aplicables, sino solamente de manera subsidiaria, según lo dispone expresamente el artículo 33 de ese mismo Decreto-Ley, si sucediera que el juez de la causa estimare que dicha norma especial no resuelve el caso concreto de manera satisfactoria.
En criterio de la Sala Constitucional no existe contradicción entre las normas jurídicas que se invocaron (en materia de contestación de la demanda y de la decisión de las cuestiones previas), toda vez que las mismas no pueden ser simultáneamente aplicadas al mismo caso concreto, sino de manera excepcional y subsidiaria.
En tal sentido, se establece que, en los juicios de arrendamiento, la parte demandada acumulará las cuestiones previas y las defensas de fondo en el escrito de contestación, las cuales deberán ser decididas, en ese mismo orden, por el juez de la causa, en la sentencia definitiva. No debe olvidarse que el propósito del Decreto Ley fue que el procedimiento judicial que se diseñó para la tramitación de los reclamos que surgieran con ocasión de la relación arrendaticia fueran expeditos y no se detuvieran ante la proposición de cuestiones previas o incidencias que perjudicaran el tránsito normal del juicio.
En los anteriores términos, la Sala Constitucional desestima esta cuarta denuncia de colisión de leyes. Así se declara. “
(Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 12-04-2004)

De modo pues, que al haberse ADMITIDO la reconvención, el Juzgado de la causa subvirtió el procedimiento legalmente establecido, pues el propio legislador establece que tal reconvención era INADMISIBLE, lo cual no obsta para que la parte demandada proponga su pretensión por procedimiento autónomo.
Establece el artículo 206 del Código Adjetivo Civil, la obligación en que están los jueces de procurar la estabilidad de los juicios, y para ello como directores del proceso, según lo dispuesto por el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, deben estar vigilantes, de corregir y evitar que se cometan faltas que mas adelante pudiesen acarrear la nulidad del mismo o de alguno de sus actos. Así mismo, prevé que la nulidad sólo debe decretarse en los casos señalados por la ley o cuando se incumpla alguna formalidad esencial a la validez del acto de que se trate que violente el orden público, concluyendo la norma con la orden de que solo se puede decretar la nulidad del acto, en los casos en que este no haya alcanzado el fin al cual estaba destinado, en los siguientes términos: En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado.
En el caso de autos, ciertamente se subvirtió el orden procesal al admitirse una demanda (reconvencional) que el legislador expresamente declara inadmisible.
En este sentido, resulta pertinente acotar que el orden público representa una noción que cristaliza todas aquellas normas de interés público que exigen observancia incondicional, y que no son derogables por disposición privada y que desde luego, los jueces ni las partes pueden subvertir; y como quiera que, conforme a lo previsto en el artículo 212 del Código de Procedimiento Civil, los quebrantamientos de leyes de orden público no pueden subsanarse ni aun con el consentimiento expreso de las partes, lo cual conlleva al mismo tiempo al vicio de la indefensión, por violación del precepto constitucional consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que tiene como característica que sea imputable al Juez, los procedimientos así sustanciados, en oposición al sistema de legalidad, violan el principio de obligatoriedad establecido en la ley, esto es -se repite- el debido proceso y el derecho a la defensa, principios ambos de rango constitucional; todo lo cual debe prevenirse evitando consecuencialmente con ello, posteriores nulidades con mayor desgaste de tiempo y dinero para la jurisdicción y las partes involucradas, corrigiendo los vicios de procedimiento que puede anular cualquier acto procesal y tomando en cuenta al mismo tiempo los principios procesales de saneamiento y de nulidad esencial.
En el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, se aprecia la intención del legislador referida a que la reposición de los juicios ocurra sólo excepcionalmente, ello para preservar los principios de estabilidad de los mismos y de economía procesal y, por otra parte, es necesario establecer que el vicio afecta al orden público, para que se justifique la nulidad y consecuencialmente, la reposición de la causa.
Asimismo es principio de rango constitucional, que la reposición debe perseguir un fin útil, razón por la que debe limitarse su utilización a aquellos casos en los cuales se altere la estabilidad del proceso.
En el caso de autos, se subvirtió totalmente el proceso legalmente establecido por el legislador para la tramitación de los procesos, porque se ordena ordenó admitir la reconvención cuando el propio legislador ordena que la misma se declare INADMISIBLE, lo cual no hace en términos expresos, pero si se desprende claramente que ese es el sentido de la norma (…podrá proponer reconvención siempre que el Tribunal sea competente por la cuantía y por la materia para conocer de ella…) por lo que en estricta aplicación de la norma comentada, y a los fines de evitar situaciones de indefensión a las partes, habiéndose detectado en el presente caso la existencia de una subversión procesal que violenta el derecho a la defensa y al debido proceso; Este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en resguardo del debido proceso y a la garantía constitucional de imparcialidad, idoneidad y transparencia de la justicia, declara NULO el auto de fecha 17 de mayo de 2007, (folios 133 y 134) mediante el cual se ADMITIÓ LA RECONVENCIÓN, y todos los actos procesales subsiguientes al acto irrito, y se ordena la reposición de la causa al estado de que el tribunal de la causa, esto es, el Juzgado Segundo de los Municipios Guacara y San Joaquín del Estado Carabobo, se pronuncien sobre la INADMISION de la reconvención propuesta, y se continúe el curso de la causa y Así se decide.
NOTIFÍQUESE A LAS PARTES LA PRESENTE DECISIÓN.
LA JUEZ TITULAR


Abog. RORAIMA BERMUDEZ GONZALEZ

La Secretaria Titular


Abog. Elea Coronado de Valenzuela