REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN CENTRO NORTE
SEDE VALENCIA, ESTADO CARABOBO


Valencia, 18 de junio 2007
Año 197° y 148°


Expediente 11300
Parte Presuntamente Agraviada: Willian Castillo Noguera
Abogada asistente: Rosangelina Mendoza, Inpreabogado, Nro. 114.889
Parte Presuntamente Agraviante: Concejo Municipal del Municipio Naguanagua del Estado Carabobo.
Objeto del Procedimiento: Pretensión Autónoma de Amparo Constitucional.



Mediante escrito presentado en fecha 20 de marzo 2007 el ciudadano WILLIAN CASTILLO NOGUERA, cédula de identidad Nro. 7.538.063, asistido por la abogada Rosangelina Mendoza, Inpreabogado Nro. 114.889, interpuso pretensión de amparo constitucional en contra del CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO NAGUANAGUA, ESTADO CARABOBO.
EL 21 de marzo 2007 se dio por recibido, dándosele entrada con las anotaciones correspondientes.
Por auto del 02 de mayo 2007 el Tribunal admitió la pretensión de amparo y de conformidad con el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales se ordenó la notificación de la parte presuntamente agraviante, a los efectos de la celebración de la audiencia oral, así como también la notificación del Fiscal Quinto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. Se libraron las respectivas boletas de notificación.
El 18 de mayo 2007 la Alguacil del Tribunal dejó constancia de la notificación practicada a la parte presuntamente agraviante, Concejo Municipal del Municipio Naguanagua, del Estado Carabobo, así como al Síndico Procurador del mismo Municipio.
El 01 de junio 2007 la Alguacil deja constancia de la notificación practicada al ciudadano Fiscal Décimo Quinto del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. Por auto de la misma fecha se fijó para el martes 5 de febrero 2007, la oportunidad para efectuar la audiencia pública en el procedimiento.
El 05 de junio 2007 se celebró la audiencia oral a la cual asistieron el ciudadano WILLIAM ANTONIO CASTILLO NOGUERA, cédula de identidad V-7.538.063, asistido por los abogados JONATHAN ADRIAN GARCIA NIEVES y MARIOSKA ALEXANDRA GAVIDIA CASTELLANOS, cédula de identidad Nros. 11.523.212 y 7.127.032, Inpreabogado Nros. 69.233 y 67.375, respectivamente, parte presuntamente agraviada. Igualmente, se dejó constancia que se encuentraba presente el ciudadano EDGAR RAFAEL RIOS, cédula de identidad V-7.123.826, con carácter de Presidente del Concejo Municipal del Municipio Naguanagua, Estado Carabobo, asistido por el abogado JORGE LUIS MEZA, Inpreabogado Nº 30.861. Asimismo se dejó constancia de la presencia de la abogada DINORAH MARIA CUDEMUS MENDOZA, Inpreabogado Nº 75.693, cédula de identidad Nº 7.150.009, con el carácter de Síndico Procurador del Municipio Naguanagua, Estado Carabobo, como se evidencia de Resolución Nº 271/2005 del 20 octubre 2005, dictada por el Alcalde del Municipio Naguanagua, Estado Carabobo, la cual en este acto consigna en original y copia para que previa certificación por Secretaría, devolución del original. Se deja constancia que se encuentran presente el ciudadano CARLOS MANUEL ORTIZ, cédula de identidad V-3.919.594, asistido por los abogados JOSE CARLOS ORTIZ HERRERA y MIGUEL ARMANDO BARRETO, cédulas de identidad Nros. 15.473.513 y 15.363.008, Inpreabogado Nros. 106.131 y 110.896, respectivamente, en la condición de tercero coadyuvante del Concejo Municipal de Naguanagua, Estado Carabobo. Se deja constancia que se encuentra presente el abogado GIANFRANCO CANGEMI, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado N° 39.958, en su carácter de FISCAL ENCARGADO DÉCIMO QUINTO DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO. Escuchadas las partes y visto que el representante del Ministerio Público solicitó el diferimiento de la audiencia por 48 horas, el Tribunal lo acordó con reanudación de la audiencia el jueves 07 de junio 2007.
El 07 de junio 2007, se reanudó la audiencia constitucional a la cual asistieron el ciudadano WILLIAM ANTONIO CASTILLO NOGUERA, cédula de identidad V-7.538.063, asistido por los abogados JONATHAN ADRIAN GARCIA NIEVES y MARIOSKA ALEXANDRA GAVIDIA CASTELLANOS, cédula de identidad Nros. 11.523.212 y 7.127.032, Inpreabogado Nros. 69.233 y 67.375, respectivamente, parte presuntamente agraviada. Igualmente, se dejó constancia que se encontraba presente el ciudadano EDGAR RAFAEL RIOS, cédula de identidad V-7.123.826, con carácter de Presidente de la Cámara Municipal Del Municipio Naguanagua, Estado Carabobo, asistido por el abogado JORGE LUIS MEZA, inpreabogado Nº 30.861. Asimismo se dejó constancia de la presencia de la abogada DINORAH MARIA CUDEMUS MENDOZA, Inpreabogado Nº 75.693, cédula de identidad Nº 7.150.009, con el carácter de Síndico Procurador del Municipio Naguanagua, Estado Carabobo, como se evidencia de Resolución Nº 271/2005 del 20 octubre 2005, dictada por el Alcalde del Municipio Naguanagua, Estado Carabobo. Se dejó constancia de la presencia del ciudadano CARLOS MANUEL ORTIZ, cédula de identidad V-3.919.594, asistido por los abogados JOSE CARLOS ORTIZ HERRERA y MIGUEL ARMANDO BARRETO, cédulas de identidad Nros. 15.473.513 y 15.363.008, Inpreabogado Nros. 106.131 y 110.896, respectivamente, en la condición de tercero coadyuvante por el Concejo Municipal de Naguanagua, Estado Carabobo. Se dejó constancia que se encontraba presente el abogado GIANFRANCO CANGEMI, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado N° 39.958, en su carácter de FISCAL ENCARGADO DÉCIMO QUINTO DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO. Escuchada la opinión del Ministerio Público el Tribunal dictó el dispositivo del fallo, previas las siguientes consideraciones: En cuanto a la incidencia sobre la participación de los terceros en la presente causa este Tribunal resolverá en la motivación del fallo dentro de los cinco (5) días siguientes a la presente fecha. Una vez analizadas las actas que integran la presente causa puede apreciarse que existe peligro de violación del derecho constitucional a la defensa y al debido proceso establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, este Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, actuando en la competencia constitucional que tiene atribuida declara CON LUGAR la pretensión de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano WILLIAN CASTILLO NOGUERA cédula de identidad V-7.538.063, asistido por la abogada Rosangelina Mendoza inscrita en el Inpreabogado Nro. 114.889, con relación a la ejecución de la orden de la Contraloría General de la Republica y, en consecuencia, se ORDENA al Concejo Municipal del Municipio Naguanagua, Estado Carabobo respetar el derecho constitucional a la defensa y al debido proceso al ciudadano William Castillo durante la ejecución de la orden emanada de la Contraloría General de la República declarando Con Lugar la pretensión interpuesta. El Tribunal se reserva el lapso de cinco (5) para publicar la sentencia escrita.
Estando dentro del lapso establecido para hacer público los motivos del fallo, lo hace, previas las siguientes consideraciones.

-I-
DE LA PRETENSIÓN DE AMPARO

Narra la parte quejosa en el escrito de solicitud de amparo “El 17 de enero de 2006, el Concejo Municipal Bolivariano de Naguanagua le dio inicio al Concurso Público para Proveer el cargo de CONTRALOR de la misma entidad local, en el cual, y luego de ser evaluado junto a otros participantes fui seleccionado por el jurado examinador como el ganador y, posteriormente fui designado y juramentado por el ilustre CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE NAGUANAGUA, el 24 de febrero de 2006, y desde esa fecha vengo ejerciendo cabalmente las funciones inherentes al cargo, hasta la actualidad cuando siento amenazada la autonomía y el acto de mi designación y del concurso”.

Que “Con fecha 8 de enero 2007, la Contraloría General de la República, notificó tanto al Concejo Municipal como a mi de un INFORME PRELIMINAR EN EL QUE LE SEÑALA A ESTE UNA SERIE DE PRESUNTOS VICIOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONCURSO PARA LA ESCOGENCIA DEL CONTRALOR DE ESTA ENTIDAD Y DE SU NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN y LA REBAJA DE MI PUNTUACIÓN SIN INDICAR LAS RAZONES DE HECHO Y DE DERECHO. Allí se nos señaló que podríamos interponer escrito de lo que estimáramos pertinente, dentro de un lapso de 10 días posterior a la notificación. No obstante lo anterior, me fue negada como Contralor Municipal acceso al expediente en forma escrita...”.

Que “El 16 de enero de 2007, procedí, sin tener acceso al expediente, mediante escrito de alegatos y pruebas instrumentales a desvirtuar los señalamientos contenidos en el Informe Preliminar, que a todas luces detecta presuntos vicios vinculados a la anulabilidad y nunca a los vicios de nulidad absoluta. De igual forma procedieron el Concejo Municipal y los miembros del Jurado del Concurso, y estamos a la expectativa de un Informe Definitivo que dictará el Contralor General de la República, con el cual se determinará si, a su entender, todo el proceso del Concurso y el posterior nombramiento y juramentación del actual titular de la Contraloría Municipal se ajustaron o no a derecho”.

Que “Todo lo anterior se encuadra dentro de las amplias potestades inquisitivas e investigativas que le son propias a la Contraloría General de la República, quien podría determinar la responsabilidad administrativa y sancionar con multa a quienes hayan violentado el marco de la legalidad, lo cual siempre se le ha respetado. Sin embargo, en la práctica el actuar de aquélla se viene desbordando de los cauces constitucionales, dado que consustanciados a ese informe definitivo, que es inminente, ha procedido a REVOCAR (ANULAR) LOS CONCURSOS Y NOMBRAMIENTOS DE CONTRALORES MUNICIPALES DERIVADOS DE ELLOS, EN APROXIMADAMENTE 60 MUNICIPIOS, sin que medie procedimiento previo alguno determinado en una ley, llegando hasta INTERVENCIÓN DE LAS CONTRALORÍAS MUNICIPALES, lo que patentiza la contrariedad del mandato constitucional recogido en el artículo 168, que le otorga la plena autonomía a los Municipios y consagra el control de los actos municipales a los Tribunales de la República. Asimismo, ordena revocar el nombramiento del titular por concurso de la Contraloría Municipal, violentando los derechos a ejercer un cargo público por un lapso de 5 años, sin que exista motivo alguno para ello, en flagrante violación a los derechos y garantías plasmadas en los artículos 49 y 89 constitucional”.

Que “A sabiendas que el Concejo Municipal Bolivariano de Naguanagua del Estado Carabobo ha amenazado con no ejercer sus competencias constitucionales cabalmente: INICIAR UN PROCEDIMIENTO DE AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA PARA REVISAR LOS POSIBLES VICIOS QUE SE DETECTARÍAN EN EL INMINENTE INFORME DEFINITIVO A PROFERIRSE EN LOS PRÓXIMOS DÍAS POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. Por el contrario el PARLAMENTO MUNICIPAL AMENAZA CON ACATAR, SIN FORMULA DE JUICIO ALGUNO, LA RESOLUCIÓN DEL ENTE NACIONAL CONTRALOR DONDE SE LE ORDENARÍA REVOCAR EL CONCURSO Y MO NOMBRAMIENTO, SOSLAYANDO DE ESA MANERA MI DERECHO A LA ESTABILIDAD POR 5 AÑOS COMO CONTRALOR MUNICIPAL Y EL CONCURSO QUE ASÍ LO DETERMINÓ. Tal amenaza de violación a los artículos 49, 89, y 168 constitucionales, hace procedente que instaura este recurso de amparo autónomo...”.

Alegan la amenaza de violación de los derechos constitucionales establecidos en el artículo 49, 89 y 168 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Finalmente solicita “ Se declare con lugar el presente RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL POR LAS AMENAZAS DEL CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE NAGUANAGUA DEL ESTADO CARABOBO DEL SOSLAYAR A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SUS ARTÍCULOS 49, 89 Y 168, al acatar de oficio la orden que la Contraloría General de la República le daría, mediante una Resolución que proferiría de manera inminente en los próximos días, inherente a que el PRESUNTO AGRAVIANTE DECLARE LA REVOCATORIA DEL CONCURSO PARA LA DESIGNACIÓN DEL CONTRALOR MUNICIPAL Y DE MI NOMBRAMIENTO COMO TAL”.

-II-
DE LA OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El representante del Ministerio Público en la audiencia constitucional celebrada, expresó su opinión en los siguientes términos: “Esta representación fiscal luego de analizar con detenimiento lo relativo a la admisibilidad de la presente acción contenido en el articulo 6 de la Ley De Amparo Sobre Derechos Y Garantías Constitucionales, así como los requisitos exigido en el articulo 18 eiusdem considera que la presente solicitud de amparo cumple con los requisitos exigidos en los citados artículos. Una vez escuchada las exposiciones de las partes intervinientes el Ministerio Publico considera pertinente analizar la viabilidad del presente recurso de amparo constitucional en base a ello quien hoy suscribe considera que la orden emanada de la Contraloría General de La Republica haciendo uso de las atribuciones que le confiere el articulo 32 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Republica y del Sistema Nacional de Control Fiscal no puede ser cuestionada ni puede ser punto de debate en relación a la contradicción existente según el criterio de la parte que intervino en representación de la Cámara Municipal , en relación al contenido de la citada norma cuando en su parte infine reza: “ Los actos de municipio no podrán ser impugnados sino antes los tribunales competentes, de conformidad con la Constitución y la Ley” . posición esta que efectivamente tiene su sustento en relación a la supremacía de la norma constitucional pero que no es menos cierto que la misma norma declina el desarrollo del comentado articulo a la Ley entendiéndose en este caso que hace referencia a la ley Orgánica de la Contraloría General de la Republica y del Sistema Nacional de Control Fiscal, independientemente que como bien lo expresaba el respetable colega de la Cámara Municipal cuando notifico a este respetable tribunal las acciones que se han intentado por ante nuestro máximo Tribunal de la Republica en Sala Constitucional, interpuso la nulidad de los artículos 32 y 34 de la citada Ley, por lo que a esta representación fiscal no le cabe la menor duda que hasta tanto sea resuelto sobre la nulidad planteada dichos artículos tienen plena vigencia para su aplicación por todos los Tribunales de la Republica. En atención al dispositivo del articulo 32 en lo cual se establece la potestad que tiene el Contralor General de la Republica de revisar los concursos y la designación de los titulares. Asimismo establece el citado articulo en su parte infine la potestad de ordenar a las autoridades competentes que en el ejercicio DEL PRINCIPIO DE AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA REVOQUEN DICHO ACTO. Es pues en atención a este dispositivo legal que esta representación fiscal del Ministerio Publico solicita con todo respeto se declare parcialmente con lugar la presente solicitud de amparo en atención al contenido del citado articulo en relación a la auto tutela administrativa, así como garantizarle al hoy quejoso el contenido del articulo 49 constitucional en relación a la ejecución de dicha orden. Es todo”.

-III-
PUNTO PREVIO

Antes de entrar analizar el fondo de la presente causa, debe este Tribunal pronunciarse en relación a la participación del ciudadano Carlos Ortiz, cédula de identidad V-3.919.594, como tercero adhesivo o coadyuvante de la parte presuntamente agraviante, en el presente juicio de amparo constitucional.

Señala el ciudadano Carlos Ortiz que participó en el Concurso Público con resultados de ganador al cargo de Contralor del Municipio Naguanagua al ciudadano quejoso, pero que durante la tramitación del Concurso observó irregularidades que le impulsaron a interponer de denuncias ante la Contraloría General de la República para su revisión.

Alega que la amenaza de violación a derechos constitucionales no existe por cuanto la Contraloría General de la República dictó el acto administrativo contenido en la Resolución Nro. 01-00-000102 del 14 de mayo 2007 por medio de la cual ordenan al Concejo Municipal del Municipio Naguanagua, Estado Carabobo, revocar de conformidad con lo establecido en el principio de autotutela administrativa el concurso público convocado para la designación del titular de la Contraloría Municipal del Municipio Naguanagua, Estado Carabobo, así como la designación del ciudadano Willian Castillo, como Contralor Municipal del mencionado Municipio.

La parte quejosa del presente amparo se opone a la intervención del tercero y sostiene que el ciudadano Carlos Ortiz, si bien participó en el concurso para designación del cargo de Contralor del Municipio Naguanagua, sin embargo en la ultima etapa del concurso, específicamente en la fase de entrevista a los aspirantes, desistió en su participación, por lo que no puede tener interés manifiesto en la presente causa. Igualmente que el ciudadano Carlos Ortiz, participó en el concurso para la designación del cargo de Contralor Municipal en el Municipio Girardot, Estado Aragua, y resultó ganador del mismo, con lo cual se evidencia su falta de interés en la presente causa.

Una vez analizadas las actas que integran la presente causa, así como la figuras de participación de los terceros en el Código de Procedimiento Civil, aplicable a los procedimiento de amparo constitucional de conformidad a lo establecido en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, este Tribunal observa que el ciudadano Carlos Ortiz, participó en el concurso para la designación del cargo de Contralor del Municipio Naguanagua, Estado Carabobo, y que si bien desistió de su participación en la última etapa del mismo, interpuso ante la Contraloría General de la República, denuncia de supuestas irregularidades que observó en el mencionado concurso.

Igualmente se aprecia que la Contraloría General de la República, una vez revisado el concurso, decidió ordenar su revocatoria, resultando necesario la apertura de un nuevo concurso para la designación de nuevo titular. Siendo así, se evidencia el interés jurídico actual del mencionado ciudadano en que se cumpla la decisión de la Contraloría General de la República, para concursar nuevamente en el cargo de Contralor Municipal.

En este sentido, considera este Tribunal que los alegatos expresados por la parte quejosa del presente amparo relacionados a la no participación del tercero, resultan infundados, por cuanto el ciudadano Carlos Ortiz desistió de su participación en el concurso, pero el desistimiento se produjo en la ultima etapa del concurso y obedeció a supuestas irregularidades observadas, como lo señaló en la audiencia constitucional celebrada. Igualmente en cuanto a su designación como Contralor del Municipio Girardot, Estado Aragua, se aprecia que este alegato no fue respaldado por un medio probatorio suficiente que demostrará la designación, lo que aunado a lo expresado por el abogado del ciudadano Carlos Ortiz, relacionado que no se dirimido ganador en dicho concurso, hace forzoso concluir la improcedencia de este alegato, y así se decide.

En consecuencia, al poseer interés jurídico actual, en sostener la posición de la parte presuntamente agraviante en la presente causa, este Tribunal acepta la participación del ciudadano Carlos Ortiz como tercero adhesivo o coadyuvante del Concejo Municipal del Municipio Naguanagua, Estado Carabobo y así se decide.

-IV-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre la pretensión sometida a su conocimiento, respecto de la cual observa:

Analizadas las actas que integran la presente causa y escuchadas las exposiciones de las partes en la audiencia constitucional celebrada puede observarse que la supuesta actuación amenazante de derechos constitucionales se materializó, por cuanto la Contraloría General de la República dictó la Resolución Nro. 01-00-000102 del 14 de mayo 2007, la cual ordenan al Concejo Municipal del Municipio Naguanagua, Estado Carabobo, revocar de conformidad con lo establecido en el principio de autotutela administrativa el concurso público convocado para la designación del titular de la Contraloría Municipal del Municipio Naguanagua, Estado Carabobo, así como la designación del ciudadano Willian Castillo, como Contralor Municipal del mencionado Municipio.

Ante este acto administrativo debe la parte interesada interponer el recurso judicial correspondiente, constituido por el recurso contencioso administrativo de anulación ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, pretensión a la cual es factible acompañar de las medidas cautelares que considere convenientes. Siendo así, resulta incompetente este Juez Constitucional para conocer de la legalidad del acto del Contralor General de la República, y así se declara.

Siendo así, considera este Tribunal que los alegatos expresados por las partes en la audiencia constitucional celebrada, no fueron adecuados, por cuanto la actuación presuntamente cercenadora de derechos constitucionales proviene del Concejo Municipal del Municipio Naguanagua y no de la Contraloría General de la República. En este sentido, no observa este Juez Constitucional violación del artículo 168 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que consagra el principio de autonomía municipal, por parte del Concejo Municipal del Municipio Naguanagua, Estado Carabobo y así se decide.

Por otra parte, en relación a la violación del derecho constitucional al trabajo establecido en el artículo 89 de la Constitución observa este Juzgador que ningún derecho constitucional es absoluto, y corresponde a las leyes desarrollar los derechos y garantías consagradas en la Carta Magna. En este sentido, se observa que el Contralor General de la República esta haciendo uso de la facultad establecida en el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional del Control Fiscal. En consecuencia, tratándose de una norma que tiene plena vigencia, a pesar de haber sido impugnada por el quejoso ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, pero desechada la medida de suspensión de efectos solicitada, debe concluir este Tribunal que se trata de una norma válida y perfectamente aplicable por el Contralor General de la República y por tanto no existe vulneración del derecho constitucional establecido en el artículo 89 de la Carta Magna, y así se decide.

Finalmente, corresponde a este Tribunal pronunciarse con respecto a la denuncia de violación del derecho constitucional a la defensa y al debido proceso establecido en el artículo 49, constitucional. Al respecto se observa que corresponderá al Concejo Municipal establecer la forma de ejecución de la decisión de la Contraloría General de la República, empero independientemente de la forma de cumplimiento debe velarse por el respecto al derecho a la defensa y al debido proceso en beneficio del quejoso. En importante recordar que este derecho constitucional tiene aplicación no solo en actuaciones judiciales sino también en las actuaciones administrativas. La administración debe garantizar este derecho constitucional en todas las etapas del procedimiento administrativo, entre las cuales se encuentra la fase de ejecución ejecutiva de los actos administrativos.

-V-
DECISIÓN

Por las razones expuestas, este Juzgado Superior, actuando en la competencia constitucional, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara PROCEDENTE la pretensión de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano WILLIAN CASTILLO NOGUERA, cédula de identidad Nro. 7.538.063, asistido por la abogada Rosangelina Mendoza, Inpreabogado Nro. 114.889, en contra del CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SAN DIEGO, ESTADO CARABOBO, y en consecuencia, SE ORDENA al CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO NAGUANAGUA, ESTADO CARABOBO a respetar el derecho constitucional a la defensa y al debido proceso al ciudadano William Castillo durante la ejecución de la orden emanada de la Contraloría General de la República.
Publíquese, déjese copia certificada de la presente decisión y notifíquese a las partes.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, en Valencia, a los dieciocho (18) días del mes de junio de 2007, a la dos (2:00) de tarde Años: 197° de la Independencia y 148° de la Federación.

El Juez Provisorio,


OSCAR J. LEÓN UZCATEGUI
El Secretario,


GREGORY BOLÍVAR


Expediente 11300
OLU/pp
Diarizado Nº ___