REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario,
del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la
Circunscripción Judicial del Estado Carabobo

Valencia, 12 de junio de 2008
198º y 149º

Expediente Nº 11.894

SENTENCIA: DEFINITIVA

COMPETENCIA: NIÑOS Y ADOLESCENTES

ASUNTO: DECLARATORIA DE EXISTENCIA DE COMUNIDAD CONCUBINARIA, ORDINARIA, HEREDITARIA Y PARTICION DE LAS MISMAS

PARTE ACTORA: GABRIELA GARCIA, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-12.334.847.

APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: ARMANDO MANZANILLA MATUTE, BRENDA ICIARTE HERRERA, LUIS ENRIQUE TORRES STRAUSS, PEDRO LUIS REQUENA MANZANILLA y DOUGLAS FERRER RODRIGUEZ, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 14.020, 14.215, 54.638, 61.241 y 67.281, en su orden.

PARTE DEMANDADA: DANIEL ARTURO SPITALERI PIÑA, LORENA SELENE SPITALERI PIÑA, ITALICA IVINIA SPITALERI RIOS, FERNANDA GRACIELA SPITALERI RIOS y DIEGO DANIEL SPITALERI ORDOSGOITTI, venezolanos, los tres primeros mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad números 12.070.633, V-15.007.210 y 16.784.180, en su orden; los dos últimos menores de edad, la primera adolescente y titular de la cédula de identidad N° V-19.992.215.

APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA: JOSE FRANCISCO ORTEGA RODRIGUEZ, abogadas en ejercicio, inscritas en el Inpreabogado bajo el número 39.852.

Se encuentra sometido a la revisión de esta instancia el recurso procesal de apelación ejercido por la parte actora en contra de la sentencia definitiva dictada el 27 de marzo de 2007 por la Jueza Unipersonal N° 3 de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en la cual declaró sin lugar la demanda intentada.


Capítulo I
Antecedentes del caso

Comenzó el presente juicio con libelo de demanda incoado el 20 de diciembre de 2004, por ante el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, correspondiéndole conocer de la misma a la Jueza Unipersonal N° 2 del referido tribunal, quien después de haberse planteado en la causa incidencias de competencia, inhibición y reforma de demanda, por auto del 10 de mayo de 2005 la admite cuanto ha lugar en derecho, ordenando el emplazamiento de la parte demandada y la notificación del Ministerio Público.
Practicadas las citaciones acordadas, en fecha 15 de julio de 2005 la parte demandada presenta escrito contentivo de contestación a la demanda.
El 04 de agosto de 2005, el tribunal de primera instancia fijó la oportunidad para que tuviera lugar el acto oral; asimismo se instó a la parte solicitante para que presentaran al niño Diego Daniel Spitaleri Ordogoisti y a la adolescente Fernanda Gabriela Spitaleri Ríos.
En fecha 20 de julio de 2006, la Jueza Unipersonal N° 1 del tribunal de primera instancia, quien conocía de la causa en virtud de la inhibición formulada por la Jueza Unipersonal N° 2, en fecha 20 de julio de 2006, difiere la realización del acto oral de evacuación de pruebas, para que tuviera lugar ese mismo día a las 10:00 am.
Posteriormente la referida juez de primera instancia, dentro del tiempo fijado en el diferimiento dicta sentencia a las 9:30 a.m., declarando improcedente la pretensión de la demandante. En esa misma fecha la representación de la parte demandante con posterioridad a la publicación del fallo, presenta formal recusación en contra de la juez.
Por diligencia del 21 de julio de 2006, la representación de la parte demandante apela de la sentencia dictada en el presente juicio.
El 26 de julio de 2006, la juez que conocía del juicio en primera instancia emite su informe a la recusación presentada, acordando la remisión a la alzada de las actuaciones conducentes.
Por auto dictado el 2 de agosto de 2006, se aboca al conocimiento de la causa la Juez Unipersonal N° 3 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de esta misma Circunscripción Judicial.
En fecha 11 de agosto de 2006, el tribunal de primera instancia admite la apelación ejercida por la parte demandante contra la sentencia dictada el 20 de julio de 2006, ordenando la remisión del expediente al Tribunal Superior.
Le correspondió conocer de la apelación al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de esta Circunscripción Judicial, quien por auto dictado el 31 de julio de 2006, hace constar que también conoció de la incidencia de recusación y dictó sentencia en tal incidencia el 30 de octubre de 2005, donde declaró con lugar la recusación formulada por la representación de la parte demandante contra la abogada María Auxiliadora Cortez Pimentel, Juez Unipersonal N° 1 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de esta Circunscripción Judicial del Estado Carabobo y en donde también se declaró la nulidad de la sentencia dictada el 20 de julio de 2006 y repuso la causa al estado de que el tribunal de primera instancia fijara nueva oportunidad para el acto oral, razones por las cuales se ordenó la remisión del expediente nuevamente al tribunal de primera instancia.
El tribunal de primera instancia por auto dictado el 7 de noviembre de 2006, ordena remitir nuevamente el expediente al tribunal superior que conoció en apelación solicitando se aclare cuál es el tribunal que debe seguir conociendo de la causa en primera instancia, procediendo el juez superior primero por auto dictado el 15 de noviembre de 2006, a realizar una aclaratoria de la sentencia dictada el 30 de octubre de 2005, ya referida en este fallo.
Por auto dictado el 16 de febrero de 2007, la Juez Unipersonal N° 3 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de esta Circunscripción Judicial, que asumió el conocimiento de la causa, fija la oportunidad para el acto de evacuación de pruebas en el presente juicio, teniendo lugar el mismo, el 16 de marzo de 2007.
En fecha 27 de marzo de 2007, el tribunal de primera instancia dictó sentencia mediante la cual declaró sin lugar la demanda, apelando la parte demandante de la referida decisión, siendo oído dicho recurso en ambos efectos por auto de fecha 09 de abril de 2007.
El 7 de mayo de 2007, esta alzada da por recibido el presente expediente, fijando la oportunidad para la formalización del recurso de apelación.
En fecha 14 de mayo de 2007, tuvo lugar el acto de formalización del recurso, dejando constancia esta alzada de la comparecencia de la representación de la parte demandante; asimismo se fijó un lapso para dictar sentencia, siendo diferido el 24 de mayo del mismo año.
Por auto del 5 de junio de 2007, este Tribunal Superior hace constar en el presente expediente que la causa se encuentra suspendida desde el día 18 de mayo de 2007, por decisión proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en esa misma fecha, con motivo de un recurso de amparo constitucional interpuesto por los ciudadanos Daniel Arturo Spitaleri Piña, Lorena Selene Spitaleri Piña, Italica Ivinia Spitaleri Rios, Fernanda Graciela Spitaleri Ríos y Diego Daniel Spitaleri Ordosgoitti, demandados en el presente juicio, en contra de las sentencias dictadas el 30 de octubre y el 15 de noviembre de 2005 por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.
Por auto dictado el 9 de abril de 2008, este Tribunal Superior ordena la notificación de las partes a los fines de hacer de su conocimiento la continuación de la causa, en virtud de la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que declaró el abandono del trámite del amparo intentado y dejó sin efecto la medida cautelar innominada decretada en el amparo, fijando igualmente este Tribunal la oportunidad para dictar sentencia, la cual fue diferida por auto del 2 de junio de 2008.
Seguidamente procede esta alzada a dictar sentencia, previa las siguientes consideraciones.
Capítulo II
Límites de la controversia

En cumplimiento del ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en forma supletoria según lo establecido en el artículo 451 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, pasa esta alzada a referir los términos de la controversia y en tal virtud observa.

Alegatos de la parte demandante:

En el escrito de libelo de demanda alega que mantuvo vida marital por más de seis (6) años con el ciudadano Daniel Simón Spitaleri Sepulcro; que iniciaron dicha relación aproximadamente desde el mes de septiembre de 1997; que dicha relación se mantuvo en esa circunstancia en virtud de que el mencionado ciudadano le manifestaba que estando tan recientemente divorciado, no quería volver a contraer nupcias tan prontamente, solicitándole que se mantuvieran así por un tiempo y luego se casarían; que para darle el referido argumento siempre le mostraba copia del escrito de separación de cuerpos presentado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el cual posteriormente en fecha 06 de octubre de 1999, fue declarado convertido en divorcio.
Que como Ingeniero Agrícola, ayudaba a su concubino en la finca denominada “Las Matas de Camoruco” donde funciona la hacienda “Mata Palo”, en la cual siembran, cultivan y venden arroz; que era quien compraba materiales para la finca, cobraba y vendía el arroz que se cultivaba y finalmente crearon una marca de arroz denominada “arroz cristalino”; que trabajaba conjuntamente con su pareja para vender los bienes que el mismo traía importados, consistente en maquinarias, motocicletas y aviones ultraligeros; que le ayudaba en el manejo de sus bienes inmuebles arrendados, encargándose del cobro del alquiler, revisión y reparación de los mismos y; que atendía el hogar y al ciudadano Spitaleri y en fin todos los quehaceres que realiza un comunero para la comunidad, es decir, tanto su aporte económico como de las actividades mencionadas.
Que el ciudadano Daniel Spitaleri adquirió un inmueble para que vivieran con los futuros hijos que esperaban tener, sin embargo en fecha 22 de febrero de 1999 padeció un aborto y, que después de esa situación delicada de salud, le insiste a su concubino regularizar su unión, respondiéndole el mismo que le diera unos meses más para poner todo en orden y proceder a casarse, en ese sentido realizaron una serie de viajes dentro y fuera del país mientras se restablecía su salud.
Que recibió a los hijos de su pareja procreados en sus primeras uniones matrimoniales, así como a la familia del mismo y viajó con ellos, que además visitó a la familia de él en España y permaneció durante un largo tiempo con ellos y, es en ese periodo cuando se entera que su concubino no estaba divorciado, pero sí separado de hecho desde el mes de octubre de 1994, de la ciudadana Carmen Esther Ríos, procediendo a pedirle explicaciones a su concubino, quien al encontrarse descubierto admitió los hechos y le manifestó que su esposa apeló de la sentencia de divorcio alegando reconciliación, siendo revocada la misma por la alzada, y él interpuso recurso de casación contra esa decisión, declarándose sin lugar dicho recurso. Que él había mantenido esa información escondida para no herirla en su condición de mujer, pero que resolvería esa situación, toda vez que él y su esposa decidieron formalizar su separación que perduró por más de cinco (5) años, según solicitud de divorcio formulada ante el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente, la cual produciría una sentencia, como en efecto sucedió a finales del año 2003.
Alega que fijaron su domicilio en la Urbanización Mini Fincas EL Solar, Lote 73, Parcela 28, Guataparo Valencia; que durante la relación concubinaria se dedicó a cuidar tanto a su concubino y en ciertas ocasiones al hijo menor de nombre Diego Daniel Ordogoisti, quien para la fecha de la presente demanda tenía ocho (8) años, procreado en una relación extramatrimonial anterior a la de ella, con la ciudadana Carelis Ordogoisti; que le brindó a su concubino cuidado diario, alimentación y en fin cuido de él y de sus hijas Italica y Fernanda, toda vez, que cuando las hijas retiraban la pensión de alimento, su padre se negaba a recibirlas y era su persona quien las atendía cada último de mes para efectuarles el pago de la pensión.
Que después del divorcio de su cónyuge, la relación de ellos se transformó en una relación concubinaria, conformándose un patrimonio económico el cual fue producto del sacrificio y esfuerzo labrado por ambos, y que como su cónyuge había celebrado capitulaciones matrimoniales con la que era su esposa, todos los bienes y el patrimonio que se fomentó, fue entre él y su persona.
Que en el escrito de solicitud de divorcio la que era esposa de su concubino, manifestó que de esa relación no existieron bienes que conformaran la comunidad de gananciales y así lo determinó la juez en su sentencia -por lo que- considera que todos los bienes propiedad de su concubino fueron adquiridos por él y su persona y, los ya existentes se les aumentó su valor.
Que existe una póliza emanada de la sociedad de comercio Mapfre La Seguridad, cuya fecha de inicio fue el 31 de enero de 2000, que se mantuvo vigente hasta la muerte de su concubino y, que los titulares de dicha póliza eran su concubino, las hijas Fernanda e Italica y, su persona señalada en la misma como cónyuge.
Que en esa vida marital que mantuvieron aparte de la vida cotidiana, viajaron juntos dentro y fuera del país, y su persona era reconocida por los familiares de su concubino como su esposa y mujer; que fijó con su concubino el mes de agosto de 2004 para contraer nupcias y regularizar así la vida en común que llevaban, que ello lo demuestra de la elaboración de los anillos o aros de boda, así como el justificativo de soltería.
Asimismo señala los bienes muebles e inmuebles, acciones, vehículos, maquinarias, motos, contratos de arrendamientos y facturas canceladas, que conformaban la comunidad ordinaria y luego concubinaria formada por su persona y su pareja.
Fundamenta su pretensión en lo previsto en los artículos 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como lo dispuesto en los artículos 767, 759, 760 y 768 del Código Civil venezolano.

Que por todo lo anteriormente expuesto demanda por declaratoria de existencia de comunidad concubinaria y comunidad ordinaria, existente entre el ciudadano Daniel Spitaleri Sepulcri y su persona, la última comunidad de las nombradas existente desde el mes de septiembre de 1997, hasta el mes de octubre de 2003, y declaradas como sean las dos comunidades, solicita se ordene la partición de las mismas, así como de la comunidad hereditaria que existe entre su persona y los demandados ciudadanos Daniel Arturo Spitaleri Piña, Lorena Selene Spitaleri Piña, Italica Ivinia Spitaleri Ríos, Fernanda Graciela Spitaleri Ríos y Diego Daniel Spitaleri Ordogoisti, en su condición de únicos herederos del ciudadano Daniel Spitaleri Sepulcro –por lo que- solicita que convengan o en su defecto a ello sean condenados en lo siguiente:
 En reconocer la existencia de la relación y comunidad concubinaria existente entre el ciudadano Daniel Spitaleri Sepulcri y su persona desde el mes de noviembre de 2003 hasta el día de su muerte 26 de agosto de 2004.
 La existencia de la comunidad ordinaria existente entre el ciudadano Daniel Spitaleri Sepulcri y su persona desde el mes de septiembre de 1997 hasta el 16 de octubre de 2003.
 En liquidar y partir los bienes que conforman la comunidad concubinaria que se haya conformado durante la vigencia de la comunidad concubinaria existente entre el ciudadano Daniel Spitaleri Sepulcri y su persona.
 En liquidar los bienes que conforman la comunidad hereditaria que se haya conformado durante la vigencia de la comunidad concubinaria existente entre el ciudadano Daniel Spitaleri Sepulcri y su persona.
 En pagar las costas causadas en el presente procedimiento.

La parte demandante mediante escrito consignado ante el tribunal de primera instancia en fecha 28 de abril de 2005, reforma la demanda señalando que el hijo menor de su concubino de nombre Diego Daniel Ordogoisti, hijo extramatrimonial, se tiene como reconocido según se evidencia del acta de nacimiento del mismo y, que la parte demandada reconoció su condición de concubina y la existencia de la comunidad ordinaria, según consta de carta contentiva de proposición relativa a la solución de la liquidación de dicha comunidad, en la cual no se logró una solución amistosa.
Asimismo promovió medios de pruebas e identificó bienes que en su decir conforman la comunidad ordinaria y concubinaria y, procedió a incluir en la demanda al menor Diego Daniel Spitaleri Ordogoisti, en lo que respecta a la comunidad hereditaria existente entre su persona y los demandados ciudadanos Daniel Arturo Spitaleri Piña, Lorena Selene Spitaleri Piña, Italica Ivinia Spitaleri Ríos y Fernanda Graciela Spitaleri Ríos, en su condición de únicos herederos del ciudadano Daniel Spitaleri Sepulcri.

Alegatos de la parte demandada:

En la oportunidad de dar contestación a la demanda, la representación de la parte demandada señala que en fecha 15 de diciembre de 1971, el ciudadano Daniel Spitaleri Sepulcri contrajo matrimonio civil con la ciudadana Deisy Coromoto Piña, manteniéndose dicha relación hasta el 14 de marzo de 1983, fecha en la cual fue disuelto el vínculo matrimonial por sentencia definitivamente firme dictada por el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, que de dicha unión matrimonial procrearon dos (2) hijos de nombres Daniel Arturo Spitaleri Piña y Lorena Selene Spitaleri Piña.
Que posterior a la muerte del ciudadano Daniel Spitaleri Sepulcri, sus representados, la madre de éste y abuela paterna del niño Diego Daniel Ordogoisti, por documento en fecha 13 de septiembre de 2004, autenticado ante la Notaría Pública Sexta de Valencia, inserto bajo el N° 22, tomo 75, de los libros respectivos, procedió a reconocer de manera espontánea y voluntaria al mismo como hijo de su difunto hijo.
Que una vez disuelto el vínculo matrimonial del ciudadano Daniel Spitaleri Sepulcri con su primera esposa, ciudadana Deisy Coromoto Piña, en fecha 07 de agosto de 1983, contrajo nuevamente matrimonio civil con la ciudadana Carmen Esther Ríos Señor, fijando su domicilio conyugal en la Urbanización Colinas de Guataparo, Calle los Angelones, Quinta Gemma, Parcela N° MB-4, procreando de esa unión dos (2) hijos de nombres Italica Ivinia Spitaleri Ríos y Fernanda Graciela Spitaleri Ríos.
Que en fecha 26 de octubre de 1994, ambos cónyuges decidieron solicitar por ante el juzgado distribuidor competente la separación legal de cuerpos y bienes y, en fecha 31 de octubre de 1994 el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta Circunscripción Judicial, decretó de conformidad con lo previsto en el artículo 189 del Código Civil, la separación de cuerpos y bienes, pero no obstante, ambos cónyuges mantenían sus relaciones conyugales, es decir, que ella se trasladaba a la casa de Mini Fincas “El Solar”, le cocinaba y lavaba, y pernoctaban con regularidad en ambos domicilios.
Que transcurrido el tiempo legal para la solicitud de la conversión de separación de cuerpos en divorcio, en fecha 14 de abril de 1997, el ciudadano Daniel Spitaleri Sepulcri solicita la referida conversión y solicita la notificación de su cónyuge ciudadana Carmen Esther Ríos, quien en fecha 23 de marzo de 1998, presentó escrito de oposición a la misma, alegando la reconciliación efectiva durante el tiempo que duró la separación legal de cuerpos, siendo declarado improcedente el mencionado alegato en fecha 06 de octubre de 1999, y en consecuencia disuelto el vinculo matrimonial, procediendo la cónyuge a ejercer recurso de apelación en contra de esa decisión y, en fecha 19 de noviembre de 2001, la alzada declara con lugar la apelación, revocando la sentencia dictada por la primera instancia y declarando con lugar la oposición formulada por la ciudadana Carmen Esther Ríos y sin efecto el decreto de separación de cuerpos y de bienes dictado el 31 de octubre de 1994, reestableciéndose el vínculo matrimonial, ejerciendo el ciudadano Daniel Spitaleri Sepulcri recurso de casación en contra de la misma, siendo declarado sin lugar en fecha 14 de noviembre de 2002 por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia.
Que posteriormente en fecha 14 de julio de 2003, ambos cónyuges solicitaron de mutuo acuerdo la disolución del vínculo matrimonial ante el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de esta Circunscripción Judicial y, en fecha 16 de octubre del mismo año el tribunal declaró la disolución de dicho vínculo.
Que mientras el ciudadano Daniel Spitaleri Sepulcri estuvo casado con la ciudadana Carmen Ríos, mantuvo relaciones extramatrimoniales con la ciudadana Carelis Ordosgoitty desde el año 1991 hasta finales del año 1999, procreando un hijo de nombre Diego Daniel Spitaleri Ordosgoitty.
Alega la falta de cualidad de la parte actora para solicitar la declaratoria de existencia de comunidad ordinaria, concubinaria y hereditaria y a su vez la partición de las mismas, por considerar que no se evidencia a los autos que los bienes inmuebles y muebles señalados por la actora en su libelo de demanda, hayan sido adquiridos de manera conjunta o que la actora haya participado de manera directa o indirecta en la adquisición de los mismos, y que los bienes inmuebles fueron adquiridos durante la unión matrimonial del señor Daniel Spitaleri Sepulcri y la ciudadana Carmen Ríos, tal y como se evidencia de las fechas de adquisición de los mismos y, que en cuanto a los bienes muebles la parte actora no señala en alguno de los numerales, las fechas de adquisición de los mismos, su participación en la adquisición y que pertenezcan al ciudadano Daniel Spitaleri Sepulcri.
Niega, se opone y rechaza lo alegado por la parte actora en su libelo de demanda, asimismo promueve pruebas e impugna los documentos consignados por la parte actora junto con su libelo de demanda marcados con las letras “C”, “C1”, “F”, “G”, “H”, “H1”, “I”, “I1”, “J” y, el anexo inserto a los folios del 194 al 195 y solicita se declare sin lugar la demanda incoada.

Capítulo III
De la sentencia recurrida

El tribunal de primera instancia en su sentencia del 27 de marzo de 2007 se pronuncia solo sobre la petición de reconocimiento de la comunidad concubinaria, expresando que declara sin lugar “la acción mero declarativa de reconocimiento de la relación concubinaria” entre los ciudadanos Daniel Spitaleri Sepulcri y Gabriela García, intentada por la referida ciudadana en contra de los ciudadanos Daniel Arturo Spitaleri Piña, Lorena Selene Spitaleri Piña, Italica Ivinia Spitaleri Ríos, Fernanda Graciela Spitaleri Ríos y Diego Daniel Spitaleri Ordogoisti, por considerar que la parte demandante no logra demostrar los hechos en que sustenta su pretensión y por considerar también que no demostró los requisitos que exige el artículo 767 del Código Civil, como son la permanencia o estabilidad en el tiempo, los signos exteriores de la existencia de la unión (lo que resulta similar a la prueba de posesión de estado en cuanto a la fama y el trato, ya que la condición de la pareja como tal, debe ser reconocida por el grupo social donde se desenvuelven), así como la necesidad de que la relación sea excluyente de otra de iguales características, debido a la propia condición de la estabilidad.




Capítulo IV
De la formalización del recurso

En el escrito consignado por la recurrente ante esta alzada en el acto de formalización realiza un breve resumen de su pretensión; asimismo alega que la sentencia recurrida contiene vicios en virtud de que el a quo violentó su derecho a la defensa y al debido proceso por cuanto decidió la causa con inobservancia del resultado de las averiguaciones penales que se ordenaron en el proceso en contra del abogado José Francisco Ortega por prevaricación; la ciudadana Carmen Esther Ríos por fraude procesal y falsa atestación ante funcionario público y la certeza o falsificación del documento de venta hecho a su persona y redactado y visado por el referido abogado. Que igualmente omitió esperar el resultado del oficio librado a la entidad bancaria Firts Unión Nacional Bank, que prueba de ello se evidencia del auto de fecha 26 de julio de 2005 donde la jueza unipersonal N° 2 del Tribunal de Protección, ofició al Fiscal Superior del Ministerio Público a tal efecto y, que en su decir, la jueza estaba obligada a dictar un auto para mejor proveer (artículo 481 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente) o diferir la publicación de la sentencia hasta tanto cursara en autos el resultado de esos oficios, ya que inciden de manera directa en el fallo a dictarse.
Que el tribunal de primera instancia no reglamentó debidamente las pruebas en el auto dictado el 04 de agosto de 2005, porque nunca ordenó la incorporación de las pruebas documentales pertinentes que constaban en el expediente, caso de las fotos y de los recibos que ameritaban la comparecencia del representante legal de la Clínica Instituto de Especialidades Quirúrgicas Los Mangos (IEQ Valencia) y que debió ordenarse la comparecencia de la Dra. Tibisay Nazar, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 471 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.
Que igualmente pese haberse acordado la comparecencia del menor Diego Daniel Spitaleri Ordogoisti y de la adolescente Fernanda Gabriela Spitaleri Ríos, para ser oídos, ya que dichos menores nunca declararon.
Que el a quo incurre en el vicio de falta de pronunciamiento sobre puntos peticionados en el libelo y reforma de demanda, en virtud de que la pretensión entre otros puntos iba dirigida a declarar la existencia tanto de la comunidad concubinaria, la comunidad de hecho y consecuencialmente la comunidad hereditaria y, la juez de primera instancia solo se pronunció respecto a la comunidad concubinaria y omite pronunciarse con respecto al resto de lo peticionado, lo que considera que hace nula por incongruente la sentencia recurrida al faltar en ella una de las determinaciones contenidas en el ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, que en concatenación con lo previsto en el artículo 244 eiusdem hace que la sentencia se encuentre viciada de nulidad y que tal argumentación está reforzada por criterio jurisprudencial de fecha 29 marzo de 2007.
Que la sentencia recurrida padece de carencia de análisis de medios probatorios traídos por su persona al proceso en la fase de presentación de la demanda, como lo es las copias de las sentencias dictadas, donde se evidencia de la sentencia dictada por la Sala de Casación Civil de nuestro máximo tribunal, el alegato de que desconocía la situación de casado de su concubino, toda vez que él siempre le mostró el escrito de separación de cuerpos y bienes y nunca le demostró que es